EL TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL, UNA REALIDAD

por FRANCISCO SOTO NIETO. Ex magistrado del Tribunal Supremo
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EN la actualidad se halla en curso en el Congreso de los Diputados un Proyecto de Ley Orgánica de Cooperación con la Corte Penal Internacional, derivación de la ratificación por España, Ley Orgánica 6/2000, de 4 de octubre, del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de 17 de julio de 1998. El objeto de aquella Ley en proyecto es regular las relaciones de cooperación entre el Estado español y la Corte Penal Internacional en el ejercicio de las funciones encomendadas a esta institución por el referido Estatuto y su normativa complementaria. Un paso decisivo en la ordenación del «mecanismo de activación» del Tribunal que ha de dotar de operatividad y eficacia a todas las previsiones procesales y procedimentales advertidas por el Estatuto básico.

Conforta sobremanera el surgimiento de este panorama esperanzador, de universal alcance, en el que se pugna por el establecimiento de un Derecho internacional capaz de preservar a la humanidad de los apocalípticos males que la asediaron durante la Segunda Guerra Mundial. No resulta ello del todo comprensible sin dirigir la mirada a la antigua ciudad crecida a orillas del río Pegnitz y a los procesos celebrados en Nüremberg, seguros sus protagonistas «de que encarnaban la defensa de la condición humana, ante el carácter espantoso de crímenes que no podían quedar impunes». Así lo destacan Fernández García y Rodríguez Jiménez en su encomiable trabajo El juicio de Nüremberg, cincuenta años después.

Por el Acuerdo de Londres de 8 de agosto de 1945 se creó el Tribunal Militar Internacional, investido de plenos poderes y con sede en Nüremberg, competente para juzgar a los grandes criminales de guerra acusados de tan brutales y espeluznantes hechos que supusieron la aniquilación de millones de seres humanos. La cúpula del III Reich, los jerarcas del régimen nazi y relevantes dirigentes que lo perfilaron -Goering y Hess, entre su largo listado-, figuraban como acusados. El Tribunal quedó integrado por ocho jueces, cuatro titulares y cuatro sustitutos, presididos por el Lord de Justicia Lawrence. Los cargos venían referidos a crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Al proceso principal ante el Tribunal Militar Internacional de Nüremberg subsiguieron otros procesos secundarios, «subsequent proceeding», entre ellos el seguido contra varios juristas del fenecido régimen. Unos jueces alemanes, responsables de crueles y degradantes resoluciones, se sientan en el banquillo de los acusados. Juzgar a la Justicia constituye el más impresionante cuadro que puede ofrecerse a nuestros ojos.

El discurso antisemita y la violenta reacción contra el pueblo judío fue una constante en el despliegue del III Reich. Los campos de concentración se prodigaron con profusión tanto en suelo alemán como en territorios ocupados. A todo impulso represivo subseguía la anulación y el exterminio. Ello alcanzó especial significación en Polonia. Obligados los judíos a abandonar sus domicilios, a ostentar un brazalete con la estrella de David, fueron hacinados de la peor manera en tanto llegaba la hora de su espeluznante ejecución. El «ghetto» de Varsovia, descarnadamente revivido en el excelente filme El pianista de Polanski, es todo un símbolo del luciferino descarriamiento de sus promotores.

Reflejo vivo de los acaeceres judiciales desarrollados en Nüremberg supone la grandiosa producción cinematográfica de Stanley Kramer Vencedores o vencidos, cuyo magnetismo sobrecoge y estremece. Las plazas y murallas de Nüremberg habían dado cobijo a ostentosas paradas militares, congresos del partido, concentraciones multitudinarias en torno a un Führer exaltado y ensoberbecido. En los años 1945 y 1946, paradójicamente, tienen lugar en la histórica ciudad los primeros destellos de una justicia redentora, ansiosa de reprimir aquel siniestro cúmulo de acaeceres lacerantes en el recuerdo de las gentes, compendio de atrocidades horribles y execrables, iniciativas contra la dignidad y la integridad de la persona. Con tal realismo y fidelidad se ofrece el filme que bien pudiera parecernos que cámaras ocultas recogieron la auténtica versión del proceso, que en verdad discurren por la pequeña pantalla el juez Haywood, el fiscal Lawson, el abogado Rolfe, el acusado Ernst Janning o el testigo Petersen. Los rostros, penetrante y reposado de Spencer Tracy, vivaz e inquisitivo de Richard Widmark, hierático y torturado de Burt Lancaster, fulgurante y exaltado de Maximilian Schell, deprimido y kafkiano de Montgomery Clift, evidencian la ficción cinematográfica.

Pese a las objeciones que algunos sectores críticos formularon respecto a la función desarrollada por los Tribunales de Nüremberg, la labor de los mismos ha tenido particular relevancia en la erección de la Corte Penal Internacional, constitución de una jurisdicción de vocación universal situada por encima de los Estados integrados en su seno, lejos de cualquier impresión de prepotencia o impositividad. En los procesos de Nüremberg se encuentran los prolegómenos y cimentación del nuevo Tribunal, depurado básicamente de los defectos advertidos en los precedentes. Del desarrollo de los juicios y de las resoluciones que los ultimaron, se desprenden unos principios que informan las Convenciones y Tratados producidos con posterioridad.

La promulgación del Estatuto de Roma de 1998 y la correlativa creación de la Corte Penal Internacional han respondido a una constante y voluntariosa relación con la Organización de las Naciones Unidas. No se ha limitado la ONU a actuar como factor impulsor sino que su protagonismo llegó a la constitución de una Comisión capaz para dotar a la previsión estatutaria de los elementos penales sustantivos y de los condicionamientos procesales precisos para asegurar el mejor funcionamiento del alto organismo. Se opta por la cesión de ciertas parcelas de soberanía estatal en aras de la eficaz represión de los crímenes más graves de trascendencia internacional. Somos ciudadanos del mundo y nadie debe sustraerse a la acción de la justicia. Los crímenes contra la humanidad -consigna certeramente Arias Eribe- merecen ser reprimidos por la humanidad en su conjunto.

El Tribunal se crea con carácter general y perspectivas de futuro. Se aspira al revestimiento de la máxima imparcialidad en sus jueces y concurrencia de las mayores garantías en la atención de los derechos del imputado. Indudablemente -comenta Alonso Pérez- el Tribunal no va a detener el crimen, pero puede tener un gran poder disuasorio y, por lo tanto, puede ayudar a disminuir el número de víctimas.