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Las trampas del «oasis»

EL llamado «oasis» catalán sigue dando que hablar. Por mucho que algunos pretendan atribuir las denuncias a una imaginaria fobia anticatalana, la ley es igual para todos y lo mismo ocurre con el juicio que merecen determinados políticos que pretenden ocultarse bajo el manto protector del nacionalismo. ABC informa hoy sobre los beneficios obtenidos por una empresa creada y dirigida por Felipe Puig, dirigente de alto nivel de Convergencia y ex consejero de Obras Públicas y de Urbanismo con Jordi Pujol. La empresa FPG -cuyo nombre se corresponde con las iniciales del político nacionalista- está dedicada al asesoramiento urbanístico y la ingeniería civil y, según consta de forma fehaciente en el Registro Mercantil, ha quintuplicado en un año sus beneficios, que alcanzan los 94.000 euros en 2008. No se trata ahora de determinar la legalidad de estas actividades del diputado convergente a la luz del régimen jurídico de las incompatibilidades en el Parlamento catalán. Si fueran legales, en todo caso, dichas actividades son indefendibles en términos éticos y políticos. Cuando se han ejercido altos cargos en un sector socioeconómico determinado, no es admisible en buena lógica democrática crear algún tiempo después una sociedad con ánimo de lucro para aprovechar la experiencia obtenida en el sector público.

El diputado afectado por esta información ha mantenido una actitud rigurosamente partidista ante la «operación Pretoria», criticando al PSC y defendiendo sin pudor a «los suyos». Es lamentable que en nombre de ideologías e identidades se pueda exculpar a quienes ofrecen dudas más que fundadas sobre su comportamiento en puestos de responsabilidad. Este tipo de actuaciones explica el desprestigio de la clase política catalana, que se traduce luego en la abstención de muchos ciudadanos en las urnas. Puig debería ser consciente de ello, porque él mismo participó en las negociaciones sobre el Estatuto que suscitó -como es notorio- un entusiasmo muy limitado en el referéndum. El deterioro de la vida pública deriva no sólo de la vulneración del Código Penal, sino también de ciertas formas de actuar que siembran notables sospechas sobre la interferencia entre el interés público y privado. Es inaceptable ocultar la búsqueda de ventajas personales en nombre de identidades reales o supuestas. Por desgracia, muchos políticos catalanes vuelven a caer en la tentación del falso victimismo con la intención de ocultar las trampas en el «oasis».

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