Tragaderas presidenciales

Como nos recordaba ayer Manuel Jiménez de Parga, «Autonomía no es soberanía». El veterano profesor, recuperado de las servidumbres que imponen los cargos, vuelve a los brillantes análisis a que nos tenía acostumbrados cuando todos, unos más que otros, soñábamos con una España democrática, crisol de libertad, ejemplo de justicia y ámbito de prosperidad. Algo que seguimos esperando para cuando decaiga la partitocracia y un sistema electoral adecuado propicie la representatividad y el parlamentarismo auténticos. Autonomía no es soberanía, pero no a todos conviene entenderlo de ese modo. La discordia es políticamente rentable para las minorías sin contenidos ideológicos más enjundiosos que «ser diferentes».

Hemos llegado en la escalada independentista a límites inquietantes. Joan Puigcercos, presidente de ERC, partido integrante y fundamental del tripartito que gobierna Cataluña, en arrebato de sinceridad -supongo- ha explicitado la razón que sostiene su ansia soberanista: «Queremos (ser) un Estado para dejar de pagar a los ministerios de Madrid, esa banda de corruptos que después nos envía a los abogados del Estado de Falange».

El personaje no ha sido nunca luminoso en sus expresiones, pero la confusión argumental opera en su favor. La coincidencia de una manifestación de Falange Española en Arenys de Munt nada tiene que ver con el Estado ni el Gobierno, pero todo es bueno para el convento nacionalista cuando se trata de debilitar al Gobierno de España. ERC es parte de la fuerza que sostiene a Zapatero en La Moncloa. ¿Tiene que pagar por ello una ofensa generalizada a los miembros y miembras de su Gabinete?