La UCO tiene que dar explicaciones

Sin embargo, en España, como en todo Estado de Derecho, tanto la apertura de diligencias como la imputación de posibles delitos y la investigación de sospechosos corresponde a los jueces, y, en este caso, ni el instructor, Eloy Velasco, ni la Fiscalía Anticorrupción han encontrado indicios que relacionen a Cifuentes con la presunta financiación ilegal del PP , de modo que la petición de la Benemérita fue descartada, al igual que la de otros muchos cargos y personas que, de uno u otro modo, aparecen en el sumario de esta operación. Resulta muy preocupante el alto grado de indefensión e inseguridad jurídica al que se está llegando en España por culpa de la torticera instrumentalización política que se hace de la Justicia a cuenta de la corrupción. La lucha contra esta lacra exige eficacia judicial y compromiso institucional, pero también un respeto escrupuloso por la presunción de inocencia y los principios sobre los que se asienta el Estado de Derecho. De lo contrario, lo que se roba es la Democracia.