Temporalidad y costes de despido: una reforma necesaria

Por FERNANDO EGUIDAZU PRESIDENTE DEL COMITÉ DE POLÍTICA ECONÓMICA DEL CÍRCULO DE EMPRESARIOS
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Para el autor, el establecimiento de un ínico modelo de contrato indefinido sería una forma eficaz de crear empleo estable y productivo. La indemnización por despido equivaldría a veinte días por año trabajado, «respetando para los contratos ya existentes los derechos acumulados».

HACE ahora dos años, el Círculo de Empresarios publicaba su documento «Una reforma laboral para seguir creando empleo». Poco han cambiado las cosas desde julio de 2003. El diagnóstico que allí se hacía de la situación del mercado laboral mantiene plena vigencia, y las reformas que entonces se proponían resultan hoy aún más urgentes.

En estos dos años, la economía española ha seguido creciendo a tasas superiores a las de nuestros socios europeos, de modo que nuestro PIB real per cápita ha cerrado, en el último decenio, unos seis puntos de la brecha que le separaba de la media de la Unión Europea. Hoy somos más ricos y disfrutamos de un bienestar mayor. Esta prosperidad se ha fundamentado, sobre todo, en el intenso ritmo de creación de empleo. El hecho de que trabajen seis millones de personas más de las que lo hacían diez años atrás explica en gran parte que cada español, en promedio, pueda acceder a una mayor cantidad de bienes y servicios. ¿Será posible mantener este modelo de crecimiento basado en la creación de empleo? Una visión simplista de la cuestión llevaría a una respuesta afirmativa. España sigue padeciendo una tasa de desempleo elevada, por encima del diez por ciento. Además, las tasas de empleo y actividad siguen siendo relativamente bajas, en especial entre las mujeres. En otras palabras, aún quedan muchos recursos no utilizados.

El problema es que el crecimiento sostenido en el tiempo precisa también de aumentos en la productividad del trabajo, capítulo éste en el que la economía española viene dando claros síntomas de debilidad. En resumen, el reto es seguir creando empleo y hacer que éste sea cada vez más productivo. Es aquí donde inexorablemente aparece la necesidad de una reforma del mercado de trabajo.

Para potenciar los dos elementos esenciales del crecimiento, empleo y productividad, es necesaria una profunda reforma laboral que agilice los procedimientos de entrada y salida en el mercado de trabajo, revise el modelo de negociación colectiva y reduzca la rigidez de las actuales figuras contractuales. Desde hace meses se están manteniendo negociaciones entre los interlocutores sociales (a las que asiste el Gobierno) cuyo resultado es aún incierto. En todo caso, algo ha ido trascendiendo sobre la atención preeminente que está generando la posible reforma del coste del despido, punto que parece centrar los enfrentamientos entre patronal y sindicatos. En España existen fundamentalmente tres clases de contratos: los temporales, los indefinidos antiguos y los indefinidos sujetos a la regulación de 2001, resultantes en gran medida de la conversión de contratos temporales en indefinidos. La indemnización por despido improcedente es de ocho, 45 y 33 días de sueldo por año trabajado, respectivamente (la indemnización se reduce a veinte días en despidos por causas objetivas, lo que sucede en las menos de las ocasiones).

El distinto grado de protección derivado de esas diferencias en el coste del despido introduce una fuerte rigidez que, a su vez, se manifiesta en uno de los rasgos distintivos del mercado de trabajo español: la elevada tasa de temporalidad, muy superior a las de nuestro entorno. Una tasa excesiva, incluso si tenemos en cuenta la importante presencia en la economía española de actividades productivas de carácter temporal o estacional. La inclinación que las empresas españolas han mostrado hacia el contrato temporal no se debe al mero capricho, ni a aviesas intenciones, sino que es el resultado lógico de una normativa que establece para los contratos indefinidos unas condiciones de terminación excesivamente rígidas y costosas. De hecho, si esas condiciones fueran menos gravosas, el empresario siempre preferiría la contratación indefinida. En efecto, la contratación temporal reduce el crecimiento de la productividad y desincentiva la inversión en capital humano.

Sobre los perjudiciales efectos del exceso de temporalidad hay un consenso general. Las diferencias aparecen cuando se realizan propuestas para solucionar el problema. En este sentido, debe señalarse con claridad que las medidas de penalización de la contratación temporal (ya sea incrementar sus costes de despido o sancionar a las empresas que recurran a él) sólo conducirían a una menor creación de empleo. En un país con una aún elevada tasa de desempleo no parece que esa alternativa sea aconsejable.

Por todo ello, desde el Círculo de Empresarios defendemos desde hace tiempo, como medio eficaz para la creación de empleo estable y productivo, el establecimiento de una única figura de contrato indefinido, con una indemnización por despido equivalente a 20 días por año trabajado, respetando para los contratos ya existentes los derechos acumulados hasta la fecha de la modificación normativa.

Confiamos en que el proceso abierto de negociación de la reforma laboral signifique la adopción de medidas en la línea que aquí proponemos. En caso contrario, no transcurrirá mucho tiempo antes de que a la inquietud por la productividad y la competitividad de nuestra economía añadamos la preocupación por su incapacidad para crear empleo.