EDITORIALES
Taxi, la coacción no es el camino
ABC
La deriva violenta de las protestas contra las empresas de VTC (Vehículos de Turismo con Conductor) está deslegitimando las razones que tiene el sector del taxi para demandar reformas en la normativa de sus competidores. El taxi es una actividad intervenida municipalmente, que está asentada ... en un monopolio. Pero estas situaciones monopolísticas son cuerpos extraños en un proceso de liberalización de los servicios que ha alcanzado a todos los sectores económicos. Esta apertura en la prestación de servicios a los ciudadanos ha sido producto de la convergencia de nuevas demandas de calidad y profesionalización por los consumidores con políticas liberalizadoras impuestas por las instituciones europeas. Las restricciones a la libre competencia tienen que estar justificadas por un interés público y es claro que tal interés existe en la regulación del transporte público no colectivo, como el que desarrolla el taxi. Lo que no se justifica con ese interés general es la petrificación de la situación actual, porque el éxito de las VTC se debe a la existencia de una demanda real. Sea cual sea el desenlace de estos paros en Barcelona y Madrid, las VTC, seguirán existiendo. La solución se encuentra en una convivencia entre ambos sectores, difícilmente conciliable con los propósitos impositivos que esgrimen las asociaciones de los taxistas. Estas tienen razón en que las empresas de VTC no tienen el mismo sometimiento que los taxis a ciertas normas. Pero la alternativa de los taxistas no debe ser provocar el colapso en las ciudades, porque el trastorno a los ciudadanos acaba haciendo irrelevante la justicia que puedan tener sus reivindicaciones. Las imágenes de carreteras cortadas, de agresiones, de enfrentamiento con la Policía o de insultos a periodistas y políticos les quitan la razón.
Las administraciones públicas competentes deben mediar para sacar a las dos grandes urbes españolas de un escenario que merma su imagen internacional -es inaceptable el asedio a Fitur en Madrid- y daña su economía. Se equivoca el ministro de Fomento cuando afirma que este conflicto «no es un problema nacional». Lo es y él debería comportarse como un responsable político nacional y ofrecerse para ser parte de la solución.
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