El Supremo no es lugar para mítines

El juicio a los golpistas catalanes del 1-O empezó ayer como era previsible, con más soflamas políticas que argumentos jurídicos por parte de los abogados defensores, y con un cuestionamiento de la imparcialidad del Tribunal infantilmente motivado y carente de fundamento. No es preciso ... ser una lumbrera jurídica para sostener que los letrados de Oriol Junqueras y de los demás acusados en el banquillo exigen la nulidad del proceso sin alegar razón técnica alguna. La solidez de sus peroratas por la supuesta vulneración de derechos fundamentales fue nula. Alegar que es un «proceso político», que se trata de una «causa general prospectiva», que los magistrados están contaminados ideológicamente hasta el punto de erigirse en «salvadores de la patria», o que los acusados han sido tratados como terroristas, es impropio de cualquier asistencia letrada solvente si su interés es salvar a sus clientes de penas de entre 7 y 25 años de cárcel. Más pareció un conjunto de alegaciones a la desesperada para que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condene al Estado español por abusos inventados, que un discurso coherente en defensa de unos acusados que intentaron romper España pisoteando la Constitución, jactándose de vulnerar la legalidad, y desobedeciendo expresamente a nuestros Tribunales. Si Junqueras y sus cómplices del golpe de Estado quieren afrontar el juicio desde un absurdo victimismo procesal, no pueden estar más equivocados. Ya lo intentaron en su día Artur Mas o Francesc Homs en un proceso penal con acusaciones infinitamente más leves y resultaron condenados e inhabilitados. El Tribunal Supremo no es lugar para mítines.