Subvenciones

Por Adolfo MARSILLACH
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El teatro español que hoy se representa está casi todo subvencionado. Poco o mucho, justa o injustamente, pero subvencionado. Este dato objetivo —que tiene su excepción en algunos grupos marginales y estrellas que no necesitan ser auxiliadas— convierte la controversia entre teatro público y privado en una discusión aparentemente estéril.

Cualquier polémica parece absurda cuando las fronteras entre un sistema y otro se diluyen convirtiéndolo todo en una misma sustancia. Entonces asistimos a un fenómeno perverso: pleiteamos sobre cantidades en vez de dialogar sobre conceptos. Lo importante no debería ser la parte que nos corresponde de la tarta sino hacer un esfuerzo por averiguar si la tarta es imprescindible. Lamentablemente, de momento, sí. (Tan imprescindible como insuficiente). Lo que complica aún más las cosas es que quien distribuye las porciones es el propietario de la pastelería. Y este hecho indudable crea un problema moral. Los poderes públicos no pueden utilizar su situación privilegiada para hacerle la competencia a los —perdón por la palabra— comerciantes privados. El Estado-empresario no debería igualarse con el empresario-individuo. Son negocios distintos: uno tiende a perder dinero y otro a ganarlo. Los saldos presupuestarios de los teatros institucionales no conviene que arrojen beneficios porque esto significa que no han corrido riesgo alguno en su programación. No estoy defendiendo la utilidad de las salas vacías. Trabajamos para los espectadores y los necesitamos, pero el teatro institucional tiene la obligación de aventurarse y el otro, no. Digamos que ambos «venden» productos distintos y por este motivo sería deseable que tuviesen tratamientos diferentes.

Hasta aquí el asunto parece relativamente claro. Lo que lo oscurece es que ambas clases de teatro están subvencionadas y beben del mismo presupuesto, con lo que, finalmente, se le pide al privado que tenga calidad pública y al público que sea rentable como un privado. La primera exigencia es difícil de cumplir porque las subvenciones son escasas y la segunda del todo imposible por la carestía de los espectáculos y la autocomplacencia de los políticos. El conjunto de estas circunstancias está mercantilizando nuestra escena y obstaculizando la aparición de nuevos autores, intérpretes, directores y técnicos que se ven forzados a refugiarse en las salas alternativas. A mi juicio el Estado despilfarra y no arriesga, mientras los empresarios están convirtiendo sus empresas en gestorías. ¿Qué hemos hecho mal entre todos? ¿Parece lógico echarle la culpa sólo a las subvenciones?