Una solución digna y civilizada

La separación entre España y Cataluña generaría daños sustanciales, daños inasumibles, en todos los órdenes y en especial en lo que atañe a la estabilidad política y la riqueza sociológica y económica y, sin duda, en la relación con Europa. Por el contrario, un acuerdo para superar las tensiones entre España y Cataluña daría un gran impulso a nuestras buenas perspectivas actuales y en su conjunto a la imagen de España en el mundo. Sería todo un ejemplo de madurez democrática y solidez institucional.

Nuestro modelo autonómico -que es una de las formas de ser federal- admite desde luego crecimientos asimétricos que respondan a las distintas identidades y sensibilidades históricas; admite, también, conciertos fiscales y, asimismo, normas y controles que eviten procesos de desintegración y aseguren una solidaridad eficaz. Es, por lo tanto, perfectamente posible reforzar significativamente el autogobierno catalán en muchos terrenos sin abrir ninguna caja de Pandora.

Cataluña - es algo que tenemos que aceptar sin reservas - nunca abandonará su nacionalismo y su aspiración a una soberanía profunda, y entra dentro de lo posible que los cambios que se están produciendo en el mundo y en la ciudadanía y la política interna española, puedan generar, en su tiempo, las condiciones adecuadas para alcanzar este objetivo, si es que se mantiene, pero está demasiado claro que este no es el momento.

Cataluña tiene que sentir la profunda admiración del resto de España por todo lo que ha hecho -más sin duda que ninguna otra comunidad- en el proceso de desarrollo, modernización y enriquecimiento de nuestra vida democrática, económica y cultural. Sin Cataluña hubiera sido absolutamente imposible alcanzar el grado de progreso actual. Cataluña tiene que sentir además que respetamos sin reservas -e incluso con cierta envidia- la pasión por su identidad , por su lengua, por su cultura, por su historia y también sus deseos de alcanzar las máximas cotas posibles de autogobierno.

Por su parte Cataluña tendrá que reconocer la contribución de España a su desarrollo global y, en concreto, a una contribución económica tan decisiva y esencial como la de Cataluña a España y también su integración en un Estado que ha dado ya a su autonomía tanta o más capacidad de acción que la que tienen la práctica totalidad de los estados federales del mundo.

Teniendo en cuenta este análisis, la petición a la Generalitat de suspensión del referéndum debería ser formulada, sin reservas ni juegos sectarios, por los cuatro mayores partidos políticos constitucionales, es decir, PP, PSOE, Ciudadanos y Unidos Podemos.

La Generalitat no podría rechazar una petición de este género, a la que se uniría el anuncio de unas conversaciones con el Gobierno español, con el apoyo de los partidos políticos citados, para debatir el tema en su conjunto a través de contactos regulares en los que se analizarían las distintas opciones posibles, incluida una posible modificación constitucional y un pacto para un referéndum legal. Por su parte, los partidos políticos tampoco podrían oponerse a esta acción consensuada -sería de hecho un nuevo pacto de Estado- que l a ciudadanía valoraría muy positivamente y les haría recuperar credibilidad ante la opinión pública. Ninguno de ellos es partidario del referéndum en su formulación actual y por lo tanto no tienen derecho a jugar a diferenciarse y a capitalizar sus diferencias por razones estratégicas mientras observan, sin inmutarse, como si no fuera con ellos, el acercamiento acelerado e incontrolado de los dos «trenes». Es un comportamiento irresponsable.

Deben tener en cuenta estos partidos y también la Generalitat que la ciudadanía en su conjunto, tanto la catalana como la del resto de España, empieza a estar agotada de un «debate» -hay que ponerlo entre comillas porque ha sido un debate sin diálogo- demasiado largo, demasiado peligroso y demasiado innecesario que alcanza con frecuencia niveles de auténtica frivolidad. No nos merecemos este trato, ni estos modos, ni estos juegos . No debemos comportarnos como tahúres jugando una partida de póker y, en la mayoría de los casos, de farol. Una parte significativa de la gente «bien informada» opina que al final habrá elecciones anticipadas en Cataluña, en las que como consecuencia de las acciones del Gobierno español para impedir el referéndum, aumentará el voto independentista y la mayoría nacionalista en el Parlamento catalán. Quizás acabe siendo así -aunque según otros el resultado electoral podría ser muy distinto-, pero, en cualquier caso, sería todo menos una solución aceptable. Dañaría aún más la vertebración actual y radicalizaría al máximo la convivencia.

Ante un reto histórico de esta magnitud es necesario aportar grandeza y serenidad. España se ha transformado sociológicamente más que ningún otro país en la historia reciente y se ha convertido en una nación tolerante y liberal con todas las identidades políticas, ideológicas y culturales. A pesar de una larga y dolorosa crisis económica, el pueblo ha aguantado el envite con verdadera resiliencia. No es justo que se ponga en peligro todo lo que hemos conseguido en las últimas décadas.

Dicho todo lo anterior habrá que ponerse a pensar en cuál debe ser la estrategia si la Generalitat -a pesar de todos los requerimientos y todas las resistencias internas y externas que está encontrando y que irán creciendo- se mantiene firme en la celebración de un referéndum sin la menor base jurídica y está dispuesta al enfrentamiento total , pase lo que pase. La respuesta no puede ser otra que prepararse a soportar, con paciencia y tristeza, pero sin resignación, una época ingrata, dañina y aberrante, en la que la culpa siempre será de los otros y en la que todos saldremos perdiendo bastante más de lo que imaginamos. O sea que no puede ser. Y lo que no puede ser…

Antonio Garrigues Walker es jurista