Sobres antipucherazo

Y no se cumple por pereza. Porque por mero hábito las juntas electorales han sentado el criterio rutinario de no revisar más que las mesas en que se hayan producido reclamaciones de parte. Para el resto se dan por buenos los resultados transcritos y transmitidos electrónicamente por los empleados de la empresa de tratamiento de datos contratada por el Gobierno, un personal administrativo que no representa al pueblo soberano. Esos datos provisionales, procesados por ordenador, pueden contener errores normalmente involuntarios. No los controlan los miembros de las mesas y por tanto no son oficialmente válidos hasta que no los certifiquen las juntas en el acta final de recuento. Sólo que éstas, por maldita costumbre, en la mayoría de los casos lo hacen sin mirarlos. Teniendo la obligación estricta, imperativa, de supervisarlos en su integridad, por arduo que sea –que lo es– el trabajo.

Si esa tarea se efectúa como está prescrito y protocolizado, no es menester ningún ciberblindaje ni ningún simulacro preventivo como el que ayer se llevó a cabo. Eso afecta al escrutinio provisional, el de la noche de las elecciones, pero sólo el definitivo es válido. La democracia está en los sobres de las mesas, los que registran el cómputo real de sufragios, no en el centro de tabulación de datos. Y sólo el organismo jurídico correspondiente, la junta electoral, tiene la capacidad legal de ratificarlos.

Es un proceso lento, sí, y engorroso: un auténtico coñazo. Pero no tiene trampa ni cartón ni lo puede interferir nadie desde un ordenador lejano. Lo inventaron, igual que el sistema democrático, nuestros antepasados, y con el tiempo sus garantías de control y limpieza se han ido depurando. Cúmplase, pues, la ley en éste y en todo los casos: escrutinio general sobre por sobre. A mano.