Timados ¿y ahora qué?

El Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, al que tanto le gusta dar patadas en la espinilla a Donald Trump por cuestiones triviales, no encuentra ahora nada por lo que protestar. No es que la interceptación se produjera por superioridad tecnológica, sino que la CIA y la BND montaron una auténtica estafa empresarial. Y no es que ambas agencias accedieran a secretos, sino que el servicio estadounidense los compartía, para más inri, con sus aliados de los Cinco Ojos -Gran Bretaña, Australia, Nueva Zelanda y Canadá-. Y no es que la operación estuviera fuera del radar de la Casa Blanca, es que la Administración Reagan fue quien entregó al Gobierno británico un dosier de Argentina elaborado gracias a Crypto que fue estratégico en la guerra de las Malvinas. El doctor en Sistemas de Información del IE, Enrique Dans, lo resume así «el país hegemónico, el que tenía más poder, cimentaba ese poder en el control de la información, con las cartas marcadas».

Además de no pedir explicaciones, da la sensación de que el Gobierno de coalición tampoco está buscando responsabilidades. ¿Fueron nuestros servicios de inteligencia lo suficientemente cuidadosos cuando confiaron sus secretos a una empresa con accionistas anónimos?, ¿qué medidas se tomaron cuando surgieron las primeras sospechas sobre Crypto en los años noventa?, ¿qué acciones va a llevar a cabo Defensa para evitar una violación similar en el futuro?, ¿está el CNI revisando las vulnerabilidades de sus comunicaciones, cambiando los protocolos?

Un escándalo de estas dimensiones, donde se perdió un buen pellizco del dinero de los contribuyentes, exige unas respuestas mínimas. Si no cabe públicas, a puerta cerrada en la comisión de secretos oficiales del Congreso. El Ejecutivo, sin embargo, calla e intenta correr un tupido velo con la inestimable ayuda de la oposición, que tampoco parece querer saber hasta dónde llega este humillante timo. Craso error por dos motivos. Primero, porque los ciudadanos sienten que sus representantes no solo se han dejado estafar sino que no protestan por ello. Es obvio que el robo de información está a la orden del día en los servicios de inteligencia, pero el que una empresa cobre por un servicio que no presta es un fraude perseguible aquí y en Sebastopol. Segundo, es de una miopía preocupante creer que esconder la cabeza en el agujero dejará atrás el escándalo. Según se vayan desclasificando los documentos secretos en EE.UU. iremos conociendo la información robada a las distintas potencias, España incluida. «Hablamos de un escándalo para las próximas décadas», advertía ayer la analista de geotecnología para Artículo 30, Andrea G. Rodríguez.

Probablemente nunca sepamos cuánto dinero tiramos en Crypto AG, ni toda la información que EE.UU. robó y utilizó en nuestra contra, pero lo que no cabe es cruzarse de brazos y avalar una práctica que está muy lejos de los mínimos éticos que deberían respetarse incluso en las operaciones de inteligencia. No todo puede aceptarse.