Mobbing al tránsfuga

No ha sido así, al menos de momento, en el caso de Pablo Cambronero, el diputado de Ciudadanos que se pasó al Grupo Mixto tras la moción de censura fallida que los naranjas intentaron en Murcia. Su transfuguismo le ha hecho una buena faena a Inés Arrimadas al reducir su grupo a nueve y, de paso, al PSOE, al que ahora le costará un poco más buscar una mayoría alternativa a la de investidura. Ser un tránsfuga le está conllevando unos costes que no solo están fuera del derecho sino también de toda ética. Sin partido, Cambronero se ha quedado en tierra de nadie, y sus nuevos compañeros del Mixto aprovechan la coyuntura para vetarle el acceso a los recursos parlamentarios que le corresponden. Según su versión, una ‘representante’ del Mixto le ha negado su derecho a intervenir en el pleno o en las comisiones, a presentar iniciativas -salvo preguntas escritas-, a ser portavoz por turno o a tener asistente. Por no tener no tiene ni despacho y lleva un mes sin sitio físico en el que trabajar. Un ‘mobbing’ en toda regla, agravado porque hablamos de la violación de derechos de representatividad y porque todo esto está teniendo lugar con el permiso de Meritxell Batet, que prefiere mirar para otro lado. Cambronero ha pedido el amparo y la intervención de la Mesa de la Cámara, pero PSOE y Unidas Podemos se han puesto de perfil, limitándose a recordarle los derechos que el Reglamento otorga a los diputados, sin implicarse para salvaguardarlos. Se han convertido en colaboradores necesarios del ‘mobbing’ al tránsfuga, sentando, para más inri, precedente.

El cambio de partido sin que medien elecciones perjudica a la cultura democrática y debe ser una práctica a erradicar. No solo falsea el resultado de los comicios sino que genera una sensación de fraude entre los votantes, debilita el sistema de partidos, favorece la inestabilidad política y fomenta la corrupción. Muchos pensarán que Cambronero merece el precio que está pagando por traicionar al partido que le dio su confianza y le incluyó en sus listas. Pero nadie puede tomarse la justicia por su mano ni una presidenta del Congreso que se precie puede amparar el matonismo parlamentario, siendo cómplice por inhibición de algo tan grave como la violación de los derechos de representatividad de un diputado.