Sánchez deja al rey sin actividad exterior

En una Monarquía parlamentaria, la agenda política del titular de la Corona está sometida a las indicaciones del Gobierno de la Nación, al que, según la Constitución, corresponde dirigir la política exterior e interior del país. Sin embargo, esta configuración constitucional de la relación entre la Jefatura del Estado y el Gobierno no debe obviar otro mandato de la propia Constitución, el que asigna al Monarca la más alta representación del Estado en las relaciones internacionales.

La frenética actividad exterior del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en estos últimos meses contrasta con la ausencia de la Corona en la agenda diplomática del Estado. Sánchez se ha prodigado en visitas a gobiernos e instituciones extranjeras, alguna inevitable y la mayoría preparadas para su consumo personal, muy necesitado de aparentar fuera una solidez en su posición política que no tiene dentro, y que no se corresponde con el exiguo apoyo parlamentario que le puede garantizar el PSOE, ni con la fragilidad interna de su equipo ministerial. En 100 días, ha recorrido más de 53.000 kilómetros y visitado once países, sin haber cerrado acuerdos dignos de mención. Ha sido más una gira de promoción personal que una estrategia de interés nacional.

Es cierto que la situación política en España ha atravesado etapas que desaconsejaban la ausencia prologada del Rey -gobiernos en funciones, crisis en Cataluña-, pero afectaba a todos por igual, también a los dirigentes políticos. El frenesí viajero de Sánchez, en cambio, debería entenderse como un punto y final a esas condiciones. Sin embargo, la normalización que tanto predica Sánchez no parece haber llegado a la agenda diplomática de la Corona. Hay razones para que esto sea así. La primera es que Sánchez ha monopolizado las relaciones exteriores para poner tierra por medio entre él y el desastre de Gobierno que preside; también, entre él y los medios de comunicación, porque para Sánchez es muy difícil someterse hoy en día a una rueda de prensa.

La segunda es que el Gobierno socialista no puede promover la figura del Rey al mismo tiempo que pacta con Podemos y los separatistas catalanes, obsesionados todos ellos con acabar con la Monarquía parlamentaria en España. Baste comprobar que en la política del Gobierno en Cataluña no hay rastro alguno de los mensajes que lanzó Felipe VI en su discurso del 3-O de 2017. La difuminación de la única institución no partidista del Estado, que garantiza la unidad del mismo, es otro precio que el Gobierno de Sánchez está dispuesto a pagar por un puñado de votos. Todo tiene una explicación con el Ejecutivo socialista, por inaceptable que resulte.