Sánchez declara la guerra fiscal

Madrid es la comunidad que más aporta a la caja común, y hay datos elocuentes que certifican el éxito de su fórmula económica. En 2019, aplicó rebajas en los impuestos de sucesiones, donaciones y transmisiones patrimoniales, y obtuvo un 3,9 por ciento más en recaudación. Solo en sucesiones aplicables a tíos, sobrinos y hermanos, Madrid recaudó 500 millones de euros, 97 más que el año anterior. En cambio, hoy Sánchez y sus socios pretenden que todas las autonomías activen por igual el impuesto de patrimonio, que en Madrid está bonificado al cien por cien. Si La Moncloa lo impusiera, el coste para los madrileños sería de 5.900 millones. El argumento de La Moncloa es una trampa política y no una solución económica. Ni Madrid es un «paraíso fiscal» ni incurre en «dumping», aunque esa sea la dialéctica de la izquierda para fabricar su coartada. Se llama principio de autonomía financiera y las comunidades tienen el aval del TC para gestionar libremente los tributos de titularidad autonómica. De hecho, no puede haber una competencia fiscal desleal porque todas las regiones, incluida Cataluña, parten de márgenes flexibles dentro de un mismo marco legal.

Lo que hay de fondo es el enésimo intento de Sánchez para tumbar Ejecutivos del PP. Y sobre todo, la lucha de dos modelos antagónicos: el de Sánchez e Iglesias, basado en una deuda, un déficit y un gasto público desbocados, en el aumento masivo de impuestos y en la cultura del subsidio frente a la inversión y la creación de empleo; y el del Gobierno de Madrid, de corte liberal y basado de que con menores impuestos hay más dinero en el bolsillo de los ciudadanos y, por lógica, mayor consumo y reactivación económica. El intervencionismo ahoga y el liberalismo construye. Cataluña no exige una legítima armonización fiscal, sino dañar deliberadamente al resto de españoles. Y Sánchez lo respalda con una recentralización de competencias auspiciada precisamente por un partido que exige la total independencia fiscal de Cataluña. Todo un sarcasmo al que se añade la utilización del estado de alarma para justificar una persecución ideológica con la que satisfacer una extorsión nacionalista de manual.