Baile de notas en la UCM

La justificación inicial ofrecida por la universidad es igual de escamante: «errores materiales». Sin más. Tras semanas de silencio, explica ahora que las equivocaciones fueron aritméticas, pero no aclara cómo llegaron a producirse. «Por las razones que fueren se cometieron errores en (la calificación de) determinados ejercicios que no fueron advertidos por los miembros del Tribunal».

Curiosamente, las equivocaciones abundaron en la dirección de las subidas. Hasta 15 alzas de calificación, alguna llegó a 20 puntos, frente a cuatro pequeñas bajadas de nota. Las subidas permitirán a varios opositores acceder a plazas que no hubieran conseguido de mantenerse la versión inicial de las calificaciones. En cambio, otros que tenían casi segura la promoción con el primer dictamen se quedan ahora fuera. Extrañamente, las bajadas de calificación influyen poco o nada en la adjudicación de plazas, teniendo efectos prácticamente estéticos.

Es inaceptable que se produzca este tipo de episodios sin que la institución brinde transparencia absoluta desde el primer minuto para que no quede ningún rastro de duda sobre lo sucedido. Si todo ha sido un desdichado compendio de desafortunadas coincidencias, la universidad debería ser la primera interesada en disipar cualquier sospecha. Cuando esto no se produce, como es el caso, la imagen de la institución queda lógicamente en tela de juicio. Parafraseando a Ian Fleming, el creador de James Bond: un error es casualidad, dos son coincidencia y tres huelen a chanchullo.

Manuel Castells debería dedicarse a mejorar y elevar la competitividad de las universidades públicas, y erradicar, entre otras cosas, las malas prácticas que aún subsisten en algunos rectorados. Sin embargo, este ministro del ala podemita se emplea en lo contrario. Su nueva reforma alimentará esas malas prácticas permitiendo que algunas fases de los concursos de plazas no sean públicas, creando la figura de los «profesores distinguidos» para permitir selecciones a dedo, cambiando el sistema de nombramiento de los rectores para que puedan llegar al puesto sin elecciones y quitando a las facultades la elección de sus decanos. Todo ello aliñado con una conveniente dosis de ideología, retirando la firma del Rey de los títulos o privilegiando a las mujeres en el acceso a puestos. En resumen, menos limpieza, menos transparencia y menos democracia, ahora también en la universidad.