Retórica insostenible

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EN el acto central de la campaña «Nuevas Energías» celebrado ayer, Rodríguez Zapatero anunció que el Consejo de Ministros del próximo viernes aprobará -por fin- el proyecto de ley de Economía Sostenible, uno de los secretos mejor guardados por el Ejecutivo, que pretende convertir también el asunto en el eje de la próxima Conferencia de presidentes autonómicos. Mientras alguien en La Moncloa termina de poner orden en las ocurrencias formuladas desde diversos Ministerios, el presidente del Gobierno pide el apoyo de las fuerzas sociales y económicas y exige más que solicita el consenso de todos los partidos, con particular referencia al PP, al que reprocha de antemano que sólo se dedique a desgastar al PSOE. Lo más sorprende es que se pida a los demás que suscriban un texto que nadie conoce. De momento, todo se mueve, como siempre, en el nivel de la retórica grandilocuente: una economía «sostenible» frente a otra «insostenible», fuente de desastres urbanísticos y crecimiento disparatado, todo ello aderezado de referencias genéricas al I+D+i, las energías renovables, la educación de calidad y la internacionalización de las empresas. Como de costumbre, son palabras vacías de contenido que por un extraño milagro deberían llevar a España a salir «reforzada» de la crisis económica.

Al grito de «Zapatero, no estás solo», el PSOE intentó ayer disimular el deterioro acelerado del Gobierno en un acto concebido para resaltar la unidad del partido, incluidos Felipe González y otros dirigentes históricos. Sin embargo, las cosas no se arreglan a base de propaganda para vender humo ni con adaptaciones supuestamente modernas de una ideología trasnochada. Seguimos sin saber en qué consiste la ley de Economía Sostenible, ni qué disposiciones legales se van a modificar, ni qué virtudes mágicas se ofrecen para crear empleo y generar confianza en la sociedad española. Cuando los agentes sociales y políticos sepan de qué se trata, podrán pronunciarse con conocimiento de causa. Por ahora, ni siquiera el Consejo de Estado y otros órganos llamados a emitir informes consultivos tienen visos de poder pronunciarse puesto que las instrucciones de Presidencia eran muy claras en el sentido de evitar materias que exigieran dictámenes previos. Todo hace sospechar que estamos en presencia de un texto plagado de generalidades. No obstante, las normas jurídicas deben contener mandatos precisos y la realidad económica exige medidas específicas orientadas a la creación de empleo y el dinamismo empresarial.