La reforma laboral, línea roja

La rigidez laboral que defiende el duopolio sindical, un anacronismo impropio de países desarrollados, es lo que causó, en gran medida, la histórica destrucción de más de tres millones de puestos de trabajo tras el estallido de la burbuja inmobiliaria hace ahora algo más de diez años, con todo lo que supuso en términos de pobreza y desigualdad. Los sindicatos, los mismos que tanto han protestado en los últimos años de recuperación económica, actuaban entonces como un mero apéndice del Gobierno de Zapatero, sin que el aumento del paro levantara en ellos airadas críticas ni lamentos. Semejante actitud de complicidad con las políticas del PSOE provocaron el descrédito del movimiento sindical, tal y como evidenció ayer la escasa afluencia de público a las marchas convocadas, y demuestra que el interés de estas organizaciones no es mejorar el bienestar de los trabajadores, sino agrandar su área de influencia y la consiguiente captación de recursos a través de los convenios y la formación.

Aunque fenómenos como la precariedad salarial obligan a seguir trabajando, la flexibilidad que trajo consigo la reforma de 2012 permitió recuperar más del 80 por ciento del empleo destruido durante la crisis, e impulsó la contratación indefinida y la competitividad empresarial. El PSOE no solo está dispuesto a derogar esta reforma, sino que pretende disparar los impuestos en más de 26.000 millones de euros hasta 2022, según revela el Programa de Estabilidad que el Gobierno envió a Bruselas el pasado martes. En lugar de contener el gasto público y aumentar la eficiencia de las Administraciones para reducir el déficit, Sánchez opta por castigar a familias y empresas para extender sus redes clientelares con fines electoralistas, lo que se traducirá en menos crecimiento y empleo. La mezcla de más intervencionismo económico y presión fiscal está condenada al fracaso.