Editorial ABC

Una reforma federal encubierta

La designación de Meritxell Batet y Manuel Cruz necesariamente debe ser interpretada como un gesto de Moncloa con el separatismo catalán

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La propuesta elevada por Pedro Sánchez para designar como nueva presidenta del Congreso a la ministra en funciones Meritxell Batet, y como presidente del Senado al socialista catalán Manuel Cruz, necesariamente debe ser interpretada como un gesto de Moncloa favorable a la estrategia de «apaciguamiento» y colaboración que siempre mantuvo el PSC con el separatismo catalán. No en vano, sectores muy amplios del PSC son partidarios del derecho a decidir y de convertir a España en un Estado federal, y calculan que debería celebrarse una consulta de autodeterminación en diez años. Dirigentes como la propia Batet o Miquel Iceta siempre mostraron una actitud comprensiva con el independentismo para hallar «soluciones políticas», han pedido públicamente la puesta en libertad de los acusados de golpismo, y son favorables a hipotéticos indultos en caso de condena. Para ser más claros aún, nadie en el PSC es favorable a la aplicación del artículo 155 de la Constitución, ni tampoco a la «judicialización» del conflicto. En definitiva, el PSC siempre fue un gran aliado del separatismo, y así lo está premiando Sánchez, quien nunca ha ocultado su idea de una España «plurinacional». Por eso la designación de Batet y de un experto en el federalismo teórico como Cruz resultan muy preocupantes. Sánchez muestra indicios de cómo pretende convertir a España en un Estado federal, por la vía de los hechos consumados y sin reforma constitucional alguna, como fórmula alternativa entre el Estado autonómico y la independencia.

Sin embargo, hay otra lectura evidente de lo ocurrido: el veto del nacionalismo catalán a Iceta es un fracaso personal de Sánchez y un aviso realista de que la legislatura empezará con muchas dificultades para el PSOE. Es inexplicable que se haya generado una atmósfera de triunfalismo en el socialismo después de las elecciones generales. La debilidad de Sánchez es evidente, y resulta absurdo pensar que sus 123 escaños -14 menos de los que obtuvo Mariano Rajoy- suponen una patente de corso para imponer todo su argumentario sobre la España «plurinacional», su insolvente política económica, o para instaurar una ingeniería social basada en el sectarismo y el revanchismo ideológico. Sánchez podrá dibujar un panorama idílico, pero sabe que su régimen de mayorías es insuficiente. Su pretensión de negociar y pactar con ERC ha sufrido un primer revés relevante, probablemente porque el partido de Oriol Junqueras se encuentra más cómodo en el chantaje, el desorden institucional y la amenaza sistemática. Sánchez no dispone ni mucho menos de una mayoría aplastante, y ayer mostró nuevos síntomas de su debilidad al pedir a Ciudadanos y al PP que se abstengan en su investidura. Es un brindis al sol, pero también un indicio nítido de que PSOE y ERC no se fían mutuamente, y de que la investidura de Sánchez no va a ser un paseo militar para el PSOE.