Una reforma federal encubierta

La propuesta elevada por Pedro Sánchez para designar como nueva presidenta del Congreso a la ministra en funciones Meritxell Batet, y como presidente del Senado al socialista catalán Manuel Cruz, necesariamente debe ser interpretada como un gesto de Moncloa favorable a la estrategia de «apaciguamiento» ... y colaboración que siempre mantuvo el PSC con el separatismo catalán. No en vano, sectores muy amplios del PSC son partidarios del derecho a decidir y de convertir a España en un Estado federal, y calculan que debería celebrarse una consulta de autodeterminación en diez años. Dirigentes como la propia Batet o Miquel Iceta siempre mostraron una actitud comprensiva con el independentismo para hallar «soluciones políticas», han pedido públicamente la puesta en libertad de los acusados de golpismo, y son favorables a hipotéticos indultos en caso de condena. Para ser más claros aún, nadie en el PSC es favorable a la aplicación del artículo 155 de la Constitución, ni tampoco a la «judicialización» del conflicto. En definitiva, el PSC siempre fue un gran aliado del separatismo, y así lo está premiando Sánchez, quien nunca ha ocultado su idea de una España «plurinacional». Por eso la designación de Batet y de un experto en el federalismo teórico como Cruz resultan muy preocupantes. Sánchez muestra indicios de cómo pretende convertir a España en un Estado federal, por la vía de los hechos consumados y sin reforma constitucional alguna, como fórmula alternativa entre el Estado autonómico y la independencia.