Reestructuración bancaria

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TRAS muchas incertidumbres, el Gobierno aprobó el Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria (FROB). Un proyecto tan ambiguo como su nombre y con el que el Ejecutivo ha desaprovechado una buena crisis para acabar con un riesgo diferencial del sistema financiero español. No se ha atrevido a tocar la ley de Cajas de Ahorros como no quiere oír ni hablar de la reforma laboral. El proyecto busca incentivar con dinero público la restructuración del sistema financiero, es decir, que los contribuyentes paguemos parte del coste de las fusiones bancarias con la excusa de ordenar el proceso. Pero el FROB nace de un diagnóstico discutible, que el sistema financiero español es básicamente solvente y solo necesita pequeños retoques; no hay un problema serio, solo la posibilidad de que algunas entidades sufran más de la cuenta poniendo en peligro el conjunto del sistema. Un diagnóstico que no coincide con el de la mayor parte de analistas internacionales que subrayan la existencia de un riesgo diferencial por la especial naturaleza de la mitad del sistema financiero ajeno a la disciplina de mercado, la excesiva concentración de riesgo inmobiliario y el sobredimensionamiento experimentado en un ciclo alcista inusualmente largo.

El proyecto diseña un mecanismo con tres categorías de actuación. En la primera, entidades sin problemas acuerdan soluciones privadas para ganar tamaño y acuden a los incentivos del FROB. En una segunda, entidades básicamente solventes pero que atraviesan dificultades temporales de liquidez, acuden al Fondo de Garantía de Depósitos y emprenden una restructuración consensuada con el FROB; es en estos casos cuando las Comunidades Autónomas mantienen sus prerrogativas. Y un tercer caso, de entidades básicamente insolventes que serán intervenidas por el Banco de España. El problema está en que no acaba de entenderse muy bien por qué si las entidades no tienen problemas necesitan fondos del contribuyente. Y si los tienen, parece lógico que se impongan condiciones. Más aún si parte del problema lo han causado los propios políticos con su ocupación de las Cajas. Tampoco se entiende cómo se va a hacer la distinción entre las diferentes categorías de entidades. En la América de Obama que tanto gusta al Gobierno, el plan Geitner ha sido mucho más claro, solo se consideran solventes aquellas entidades por las que algún privado está dispuesto a arriesgar su dinero. Es entonces cuando el sector público interviene completando los fondos necesarios.

Estamos ante un Gobierno débil y que ha agotado el margen de endeudamiento. No puede permitirse el lujo de enfrentarse a los partidos nacionalistas, ni siquiera a sus propios barones territoriales, pues corre el riesgo de ver rechazados los presupuestos. Tampoco dispone del dinero prometido, porque se lo ha gastado en ocurrencias innecesarias. Cabe preguntarse si en estas condiciones el Fondo era necesario, si no bastaba con utilizar decididamente los mecanismos existentes: el Fondo de Garantía de Depósitos y la ley de disciplina financiera que autoriza al Banco de España a intervenir, vender o liquidar entidades y, con autorización específica del Consejo de Ministros, a imponer un plan de recapitalización con fondos públicos.