Rebaja penal

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La violencia contra la mujer no es privativa de la sociedad española: hay países europeos que la sufren con mayor intensidad y que también comparten el agotamiento de los mecanismos preventivos. El Gobierno socialista optó por un tratamiento penal discriminatorio que agrava la pena al hombre agresor -por ser hombre y siempre que la víctima sea mujer- que luego respaldó el Tribunal Constitucional con una sentencia que zanjó la cuestión por su autoridad, pero no por la fuerza de sus argumentos. El Gobierno británico va a calificar como homicidio la muerte del maltratador a manos de su víctima. La reforma se basa en sustraer de los jueces la valoración de las atenuantes que pueden beneficiar a la mujer maltratada y eleva a rango legal una especie de legítima defensa incompleta en todo caso de muerte del agresor, al margen del tiempo transcurrido entre el maltrato y el homicidio. Discutible y arriesgada reforma que se basa en la confesión tácita de incapacidad de los servicios públicos para prevenir la violencia machista y que abre hueco a un incipiente derecho de justicia privada, también llamado venganza.