El rastreo de la responsabilidad

Aquel examen semanal al que Sanidad sometió a las comunidades autónomas para comprobar su fortaleza sanitaria y su capacidad para seguir la huella del virus y detener su avance ha resultado ser un brindis al sol de la propaganda y de la ineficacia. Las pruebas que impedían a unas y otras regiones pasar de fase y avanzar en la «desescalada» nunca fueron sometidas al escrutinio público. El Ministerio de Sanidad actuó como mando único para certificar y validar, desde la más absoluta opacidad, la solvencia de los sistemas de salud autonómicos para detectar, rastrear y contener al virus de Wuhan. Es el departamento que dirige Salvador Illa, asesorado por Simón y su camarilla de expertos, el que ha de dar explicaciones sobre la insuficiencia y la ineficacia de los recursos técnicos y humanos que hace poco más de un mes, y a partir de unos parámetros aún desconocidos, dio por buenos.

Con una ratio nacional de uno por cada 12.000 habitantes, la reducida cifra de rastreadores del Covid-19 da la clave de la situación de contagio y descontrol del coronavirus que sufren al menos dos regiones. El Gobierno actuó tarde el pasado marzo, consecuencia de los criterios ideológicos que lastran su gestión, y ha dedicado a la propaganda de la «nueva normalidad» y de su victoria sobre la enfermedad un esfuerzo que ahora se revela inadecuado, torpe y repleto de riesgos para la sociedad y la economía. Duplicar en solo una semana el número de contagios no puede considerarse ni aceptarse como «normal».