Isabel San Sebastián

¿A quién representa un diputado?

Isabel San Sebastián
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LA herida abierta en el PSOE por la dramática abstención del grupo en la investidura de Mariano Rajoy, decidida tras ardua batalla en el Comité Federal, ha reavivado un debate que dista de estar resuelto. Antes al contrario, se encona cada día que pasa, con el consiguiente desgaste para la salud de esta pobre democracia.

La polémica versa sobre una pregunta cuya respuesta parecería obvia: ¿a quién representa un diputado? ¡Amigo! Depende, según y cómo, cada cual interpreta una cosa: al partido en cuya candidatura fue incluido su nombre, a los votantes que escogieron dicha papeleta, a los militantes de esa formación o simple y llanamente a sí mismo, una vez recogida el acta.La Constitución protege al representante electo hasta el punto de blindarlo en el escaño mientras dure la legislatura, sea leal o rebelde al grupo al que perteneció en origen. Lo cual choca frontalmente con la Ley Electoral vigente, que permite a los partidos políticos (léase, «aparatos» integrados por un número restringido de dedos todopoderosos) elaborar listas cerradas y bloqueadas en las cuales, salvo excepciones, figuran los nombres de unos perfectos desconocidos para los votantes.

Yo, sin ir más lejos, ignoro quién de la formación a la que voté me representa por Madrid, circunscripción en la que resido. Y lo mismo que a mí les sucede al cien por cien de los españoles, condenados a asumir o rechazar en bloque una candidatura cocinada en virtud de criterios tan «democráticos» como la disciplina férrea, la obediencia a las consignas recibidas o la adulación al líder. O sea, que la Carta Magna residencia el poder vicario otorgado por el pueblo soberano en el individuo, mientras que la Ley Electoral traslada ese poder al partido, considerado elemento nuclear del sistema político por el que nos regimos. Y claro, de cuando en cuando, los trenes chocan.En el caso que nos ocupa, los «sanchistas» fingen no saber que están donde están en virtud de una decisión de partido, y amenazan con actuar al margen de lo que este ha decidido mayoritariamente, sabiendo que, en el peor de los casos, serán expulsados del grupo sin perder los privilegios del cargo. Apelan para ello al mandato de «la militancia», como si esta fuera ajena al máximo órgano entre congresos y como si esa «militancia» fuese una masa compacta, cuando lo que de verdad escasea son los que pagan la cuota, tanto en el PSOE como en el PP, por cierto. Lo que significa que quien desacate al Comité Federal dejará de actuar en nombre del PSOE, por mucho que el PSOE ande en horas demasiado bajas como para sancionarle con excesiva dureza. Lo demás son excusas de mal perdedor.

¿Es verdaderamente democrática esa fórmula? A mi modesto entender, no. Lo democrático sería una relación coherente entre poder y responsabilidad. Esto es, que los candidatos a diputado concurrieran en circunscripciones unipersonales, obligados a rendir cuentas periódicas a sus electores, o bien que los partidos políticos dispusieran a su albedrío de los asientos del Congreso obtenidos en las elecciones. Yo preferiría lo primero a lo segundo, desde luego, porque esa fórmula otorgaría una capacidad de control superior al ciudadano presuntamente representado, a quien los partidos, todos, defraudan antes que después haciendo lo contrario de lo prometido. Pero ya que hoy por hoy son las siglas las que obtienen o pierden escaños, dejemos que sean estas las que decidan el voto. Y pónganse ya sus señorías a la tarea de reformar lo que sea menester para otorgar el poder a sus verdaderos titulares, antes de que la escasa credibilidad que aún conserva el sistema se vaya por el sumidero de la decepción y el hartazgo.

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