El problema de las autonomías y sus raíces

MANUEL RAMÍREZ Catedrático de Derecho Político
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Bueno, la verdad es que uno no sabe a ciencia cierta si el punto al que se ha llegado en este tema es para bien o para mal. Depende de quién lo aborde y de los intereses que en el mismo tenga. Ya el maestro Marañón escribió en su día esta sabia advertencia: «Aunque la verdad de los hechos resplandezca, siempre se batirán los hombres en la trinchera sutil de las interpretaciones». En efecto, así ha caminado la valoración histórica que, por lo demás y entre nosotros, ha añadido a esa trinchera el vicioso menester de la manipulación. Sagaces observaciones sobre esto último nos dejó no hace mucho un hombre que no quiso ser sabio y a quien siempre tendré por maestro: Francisco Murillo. Ocurre que ahora, sin duda por influencia de eso llamado «financiación autonómica», se está poniendo de relieve lo defectuoso del tema autonómico. Observará el lector que repito la palabra «tema». Sencillamente porque todas las demás denominaciones al uso me parecen incorrectas. No se puede hablar de «Estado de las autonomías» porque, acto seguido se aclara (¡también se olvida!) que «las autonomías» también son Estado. Si se es autónomo de algo es, precisamente, porque ese algo quiere diferenciarse de otro algo. Mis brazos nunca pueden ser autónomos de mi cuerpo: actúan de una forma u otra precisamente porque otra parte, instalada en mi cabeza, así lo determina. Cuando los autores de nuestra actual Constitución hablan de «nacionalidades» creo que dan al término un significado distinto al que antes tenía. Y lo peor es que, queda claro que nadie sabía en qué consistía ese otro significado. De aquí su posterior desuso y la nefasta conversión en «naciones». El problema se termina de hacer grave cuando el Título VIII aparece como «de la Organización territorial del Estado». ¿Es que hay otra organización aérea o marítima? Piénsese que la Constitución de la Segunda República no tiene el menor reparo en hablar de «Organización Nacional» y quedarse en autonomía de Municipios y Regiones. Vaya, vaya: aquellos «rojuelos» más nacionales que nuestros actuales demócratas.

Aunque parezca lo contrario, estas imprecisiones terminológicas, nacidas del mundo de cesiones y contracesiones que caracterizó y alargó en demasía nuestro último proceso constituyente, han tenido luego más importancia de lo previsto. Ahí pueden situarse las actuales afirmaciones que como crasos errores oímos. A cualquier español que crea vivir en un país del que se siente orgulloso, rechinan esas lindezas de Cataluña «como Nación» o «el Gobierno vasco y el Gobierno español». Por supuesto, la palabra «región» ha quedado eliminada. Con todo, las raíces hay que encontrarlas en aspectos constitucionales y estatutarios más profundos. Permítaseme que los sintetice aquí, ya que de ellos llevo hablando hace años dada mi nunca ocultada postura de acérrimo defensor de un Estado fuerte y enemigo de cualquier fisura que quiebre su unidad:

a) En los años de la transición aparece la insostenible unión entre democracia y autonomía. Va de suyo que estábamos ante un problema heredado, algo que ocurrió también a la Segunda República. Absolutamente nada tienen en común. El mundo está lleno de países con regímenes políticos democráticos que no tienen concesiones autonómicas. Valgan los cercanos ejemplos de Portugal o Francia. ¿Es que no hay democracia en Francia, el país posiblemente más centralista y jacobino de la vigente Europa? O piénsese en algunos países de Hispanoamérica para justamente lo contrario. Nuestros constituyentes se dejaron llevar por esa falsa unión, cayendo en el defecto de una regulación para un momento. Y, además, rígida y extensa.

b) Se pudieron intentar algunas otras formas de organizar el Estado. Por supuesto, no el federal que entre nosotros siempre ha caminado hacia el cantonalismo. Me refiero a la de un Estado unitario descentralizado. Es decir, unidad combinada con fórmulas que dieran entrada tanto a la deseada democracia cuanto a la variedad que nuestro país tiene y que no hay que ocultar ni mucho menos. La doctrina italiana ha escrito no poco sobre esta fórmula. Aquí, por las presiones citadas, ni se pensó en ello.

c) Se cayó en el error de establecer diferencias entre dos tipos de Comunidades Autónomas. Las que en el pasado, es decir durante la República, hubiesen «plebiscitado afirmativamente» proyectos de Estatutos de autonomía y las que no lo hubieran hecho y comenzaran el proceso al amparo de la nueva Constitución. Retenga el lector que se habla solamente de haber realizado el plebiscito y no de haber tenido Estatuto con vigencia. Sencillamente, había que incluir a Galicia (que nunca llegó a tenerlo) y al País Vasco (su Estatuto, tras muchas peripecias, se aprueba ya una vez iniciada la guerra civil y con no pocas resistencia de buena parte del PSOE). El único Estatuto en vigor lo tuvo Cataluña desde 1932 y gracias, sobre todo, a la labor de Azaña. Esta distinción conllevaba supresión de esperas temporales y, sobre todo, ventajas en la adquisición de competencias. Ahorro al lector la cita de artículos. Lo que no es posible ahorrar es el ambiente de enfrentamiento que se produjo y, sobre todo, lo débil de las «causas de tales beneficios». En 1978 la población no era la misma. Las circunstancias, tampoco. Y, sobre todo, el olvido de una evidencia: si los republicanos que siempre consideraron la autonomía como algo excepcional, de haber durado la República un par de años más, se habrían aprobado no pocos Estatutos que hasta tuvieron ya proyectos o asambleas preparatorias. Por todo ello, tras aprobarse nuestra Constitución el panorama era claramente reivindicativo. Con Andalucía se tuvo que hacer lo impensable. Y en todas partes apareció el sentimiento de discriminación. Se inventaron «hechos diferenciales» en cadena y se resucitaron lenguas y «peculiaridades» sacadas de la manga en muchos casos. Nuestros constituyentes olvidaron algo elemental: ningún español admite que el vecino tenga más. En lo que sea y por lo que sea. He aquí el fomento de algunas llamadas «fobias» que unos y otros se echan a la cara en cuanto pueden.

d) Por último, la mayor cesión en el toma y daca. Dejar permanentemente abierto el proceso de transferencias de materias propias del Estado pero que podían pasar a serlo de las Comunidades. La lectura del art. 150,2 pasará a la historia como ejemplo de la imprecisión. Y no cerrar la vía de la delegación (algo que para muchos ciudadanos sigue siendo hoy algo que se tuvo que hacer a tiempo) es lo que ha favorecido «el chalaneo» posterior. Tanto más cuanto el Estado ha ido cediendo continuamente en ese mercadeo por razones puramente electorales o, lo que es más grave, por abiertas amenazas de «ir más allá» que algunos partidos lanzan sin recato. Lo acabamos de comprobar.

Es ahora cuando se está tomando la aludida conciencia de gravedad. Y en diferentes aspectos y por diferentes comentaristas. Una y otra vez se había aludido, hasta ahora, a la ruptura de los principios de solidaridad e imposibilidad de privilegios por parte de alguna Comunidad Autónoma, según el Art. 138. Pero es en estas semanas cuando abiertamente se habla ya de corregir el modelo. Sanidad, educación, justicia, política exterior han debido se materias intocables y en manos del Estado. Pero en el «chalaneo» no parece haber límites. Los prestigiosos avisos de nuestras mejores cabezas (Juan Velarde, José Barea, el rector González Trevijano, el buen antiguo amigo Manuel Pizarro, etc) de poco o nada están sirviendo. Duelen profundamente dos lacerantes conclusiones. La de Rafael Fernández Ordóñez que finaliza su habitual columna afirmando que «nuestra clase política ha aparcado el patriotismo y sólo piensa en conservar su poder y alimentar a sus sectarios», frase que trae de inmediato al recuerdo el «particularismo» de la España Invertebrada de Ortega. Y en el final de Ángel Expósito (¡siempre hay que estar a bien con el Director!) cuando sentencia que las autonomías «se nos han ido de la mano, pero lo más preocupante es: ¿quién y cómo puede dar marcha atrás? Misión imposible». Y personalmente me atrevo a sugerir que a lo que se está causando una herida de difícil cura es la misma ilusión por la democracia que los ciudadanos parece que tenían hace años. Y, dilecto Director, si no hay «marcha atrás» será la unidad de España la que entrará en peligro. Por eso y de momento, una urgente misión: la reforma de la Constitución, del alcance que fuere y con el consenso que existiera. Que sepamos, aquello de la «vis coactiva» sigue siendo propiedad sustancial del Estado.