Es prioritario destituir a Puigdemont

Vía libre para la ley . Desde esta perspectiva, y dado su empecinamiento para empujar hoy al Parlament a una declaración unilateral de independencia, solo cabe exigir al Gobierno, al PSOE y a Ciudadanos una aplicación estricta y contundente del artículo 155 de la Constitución durante todo el tiempo que sea necesario y con la intervención fáctica de todos aquellos organismos imprescindibles para garantizar que se cumple la ley. Puigdemont y su Gobierno deben quedar apartados en cuanto el Senado dé vía libre a actuar contra este ataque a la legalidad. Y, en su caso, deben quedar a disposición judicial para responder por sus conductas sediciosas. Todo lo que toca Puigdemont se convierte en irracional y peligroso para la salud de la democracia. El cínico diálogo que implora -su objetivo real es dinamitarlo- no puede ser una trampa en la que caigan continuamente PP y PSOE en busca de la enésima salida imposible. Es la herramienta de Puigdemont para dividir a los partidos, obligados a promover el fiel cumplimiento de nuestra Carta Magna. De nada sirve que el bloque secesionista admita tener grietas o dirigentes disidentes al borde de la dimisión. Lo cierto es que ninguno de los consejeros mal llamados «posibilistas» da un solo paso público al frente para desmarcarse de la paranoia política en que se ha instalado el Gobierno catalán y parte de su Parlamento. Desmontar el andamiaje político de Puigdemont se ha convertido ya en una urgencia nacional para evitar la desmembración de España. Si hoy se produjese una votación en el Parlament para declarar la república catalana de modo fehaciente y «formal» -nunca puede ser «oficial»-, el Estado de Derecho ha de ser inflexible porque Puigdemont ha agotado el «tiempo de la política» caprichosa e irresponsablemente.

Esta Generalitat no merecerá ni una sola oportunidad más porque ya es impensable que salga airosa de tal cúmulo de provocaciones e insensateces. Por eso, PP y PSOE deben dejar de modular su discurso en busca de salidas dialogadas que Puigdemont está despreciando continuamente. Lo que se produjo ayer es el límite de una afrenta al Estado contra la cual ya no valen matices ni criterios ambiguos. Si el presidente catalán aún busca una salida, debe aceptar las condiciones impuestas por el Estado sencillamente porque la ley es igual para todos los españoles y porque su cumplimiento no puede ser negociable bajo ninguna circunstancia. Mariano Rajoy se enfrenta a una difícil prueba de fuego. Será complejo poner en marcha la aplicación del artículo 155, y es previsible que surjan muchas dificultades, e incluso conatos de rebelión en las calles. Los que llamaban ayer «cobarde» y «traidor» a Puigdemont por su idea de convocar comicios renunciando a declarar «solemnemente» la independencia serán los mismos que pretenderán plantar cara al Gobierno si el 155 finalmente permite destituir en horas al Gobierno catalán en pleno. Es previsible pensar que si hoy mismo no hay una solución in extremis que permita rebajar la tensión en Cataluña, habrá convulsión en las calles. Y nadie más que estos mesías de un separatismo imposible serán los responsables de lo que pueda ocurrir. Puigdemont está optando por la peor solución posible y la historia juzgará sus devastadores errores.