Podemos, un peligro para el CGPJ

De todas formas, y tratándose de una negociación tan compleja, harían bien el PP y el PSOE en no confundir a la opinión pública sobre las condiciones que ponen unos y otros para alcanzar la mayoría necesaria de tres quintas partes del Congreso. Ya en ocasiones anteriores esta negociación se frustró por una imprudente sobreactuación de filtraciones y boicots internos en ambos partidos, y sería un error que ahora ocurriese lo mismo. Y mayor equivocación aún sería que Sánchez transigiera con Iglesias, que es quien dinamitó el pasado mes de julio, con su campaña de acoso a la Monarquía, un acuerdo que estaba prácticamente cerrado. Si Iglesias está utilizando su vicepresidencia para agrietar el Consejo de Ministros y generar una inestabilidad política inédita, incluso justificativa de la violencia en las calles, cabe deducir que haría exactamente lo mismo en el órgano de gobierno de los jueces. Sobre todo, porque su único objetivo es socavar la independencia judicial para lograr que los Tribunales se sometan a su ordeno y mando. El control ideológico de los jueces es esencial para Podemos, y por eso lo auténticamente crucial para la solidez del sistema es que no acceda a una institución para cuya renovación no se necesita en realidad ni uno solo de sus votos. El régimen de mayorías establecido legalmente lo cumplen con creces el PSOE y el PP, y a ellos corresponde avanzar. Se trata de alcanzar acuerdos de Estado indispensables para España, y no de acometer un mero intercambio de cromos. Pero sobre todo se trata de que el Gobierno renuncie a esas reformas legales con las que pretende cambiar las reglas del juego a mitad de partido, y de impedir que Moncloa designe de modo arbitrario un CGPJ a su medida.

Pablo Iglesias mantuvo ayer un sospechoso silencio. En otras ocasiones, cuando es ninguneado por Sánchez, reacciona de modo virulento y de momento no lo ha hecho, lo que lo convierte de nuevo en imprevisible porque la tensión acumulada entre PSOE y Podemos no decrece. Al contrario, la nueva regulación en materia de vivienda y la negativa socialista a aprobar la ‘ley Trans’ de Irene Montero vuelven a demostrar que la fractura se agrava. El resultado es que España tiene uno de los gobiernos más inestables y anárquicos de Europa.