ETA pierde en Estrasburgo

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QUE la ley de Partidos Políticos -impulsada por el entonces ministro de Interior, Ángel Acebes, cuya determinación adquiere hoy un valor singular- respetaba los Derechos Humanos era una certeza que se tenía desde que fue aprobado un texto que ya reflejaba las garantías establecidas por el Tribunal de Estrasburgo para ilegalizar a una formación política. El Constitucional lo entendió así al rechazar el recurso presentado en 2003 por el Gobierno vasco, presidido entonces por Ibarretxe, contra una ley que estaba permitiendo expulsar a ETA de casi todas las instituciones. Por tanto, cuando los dirigentes de Batasuna recurrieron su ilegalización ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Estado, a través del Gobierno, el Parlamento y el Tribunal Constitucional, tenía ya preparada la respuesta a la ofensiva de la izquierda proetarra contra la ley de Partidos Políticos. Bien es cierto que durante la tregua de 2006 con ETA hubo algún titubeo en la defensa jurídica de las ilegalizaciones, si bien ha pesado más la realidad de las cosas, es decir, la irreversible naturaleza terrorista de ETA, que los erróneos análisis que llevaron a aquel infausto proceso de negociación política con los terroristas.

La sentencia del TEDH no sólo confirma jurídicamente las decisiones del Tribunal Supremo y del Constitucional, sino que despoja a ETA de uno de sus últimos recursos para trasladar a Europa su estrategia victimista. Su descripción de España como un país que reprime arbitrariamente las libertades ha fracasado por completo. Es importante el dato de que la sentencia del TEDH ha recibido el respaldo unánime de los jueces que lo componen, a diferencia de anteriores resoluciones sobre ilegalización de partidos, dictadas con una clara división interna. Esta es una buena ocasión para que el Gobierno promueva una nueva campaña de deslegitimación de ETA ante la opinión pública europea, más aún si el entramado batasuno pretende recuperar algún apoyo internacional de la mano de su enésima tapadera, Iniciativa Internacionalista. También han fracasado todos los profetas que, incluso desde fuera del ámbito abertzale, anunciaron el desahucio de las libertades y los derechos democráticos en España por la aprobación de la ley de Partidos Políticos. No sólo no ha habido retroceso democrático por la aplicación de esta ley, sino que la democracia española es hoy mucho más digna con ETA fuera de sus instituciones. Los restos de ANV en los ayuntamientos vascos y navarros y la legalización de Iniciativa Internacionalista por el TC son episodios anómalos -en todo caso, reversibles en cuanto las pruebas lo permitan- de una trayectoria impecable de las instituciones democráticas contra ETA.

El TEDH no podía decir otra cosa distinta. Nadie que apoye la violencia tiene espacio en la democracia, porque tampoco es cierto que todas las ideas sean legítimas: las que defienden o disculpan el terrorismo no lo son. La libertad política no es absoluta para quienes no respetan la ajena. Jurídicamente, la ley de Partidos Políticos se ajusta a las exigencias de necesidad, proporcionalidad y adecuación a los valores democráticos que establece el TEDH. Políticamente, ha sido la iniciativa más acertada y eficaz nunca impulsada por el Estado en la lucha contra ETA, fruto de la decisión de un Gobierno, el de José María Aznar, de no aceptar más resignaciones frente a ETA, y de un gran pacto con el PSOE, el Acuerdo por las Libertades de 2000, que nunca debió abandonarse.