Peligrosa evolución antidemocrática

El Gobierno esconde el número de muertos realmente causados por el Covid-19, aunque los estudios más fiables lo sitúan cerca de 50.000. También esconde el nombre de los «expertos» a los que tantas veces endosó sus contradicciones e improvisaciones y ahora queda la duda de si tales expertos existieron alguna vez. Y para rematar su arraigada política de la mentira, el Gobierno se niega a facilitar al Parlamento documentos esenciales para saber de qué información disponía Pedro Sánchez sobre el Covid-19 y desde cuándo, pero seguro que desde antes del 8-M. Esos documentos son las alertas que el Departamento de Seguridad Nacional remitía al presidente del Gobierno desde finales de 2019. El Partido Popular solicitó una copia de esas alertas, pero el Ejecutivo solo ha permitido que sean analizadas por diez diputados populares, quienes no podrán difundir su contenido. Es una burla a la oposición y a la opinión pública y una manipulación partidista del interés nacional, caricaturizado como interés de conveniencia para Pedro Sánchez. Lo mismo sucede con los informes que la Abogacía del Estado había elaborado con un plan B al estado de alarma. La petición de la diputada de Vox Macarena Olona para que se le entregara copia de esos dictámenes ha recibido como respuesta del Gobierno una negativa sin justificar y una insultante remisión a un discurso del presidente Sánchez, en el que menciona de pasada esos informes.

La opinión pública no debe acostumbrarse a esta degradación progresiva del nivel democrático del Poder Ejecutivo y si la mayoría de Sánchez en el Congreso le inmuniza del control parlamentario, se hará inevitable acudir al control judicial.