Una ley sin consenso y sin futuro

Siguiendo esa pauta, la llamada “ley Celaá” no sólo no ha contado con el consenso de la oposición sino que además ha suscitado un rechazo que se extiende a aliados del Ejecutivo como el PNV, aunque finalmente haya votado a favor. Por ello, ha nacido muerta.

La norma contiene despropósitos notables como la eliminación a la referencia del castellano como lengua vehicular, avalada por Podemos e impuesta por ERC. Algunos dirigentes nacionalistas ya se han jactado de que el castellano será como el alemán en Cataluña. Eso es lo que pretenden, ignorando la flagrante vulneración de derechos de los ciudadanos que quieren educar a sus hijos en español.

Esto no es una sorpresa porque la Generalitat ha ignorado tres sentencias del Supremo y otra del Constitucional, que indican que el castellano debe ser lengua vehicular al igual que el catalán. Ya han dejado muy claro que no las van a acatar con la complicidad de Zapatero, Rajoy y Sánchez, que han mirado para otro lado.

Pero además la ley Celaá penaliza y discrimina a la enseñanza concertada que tan bien ha funcionado desde la Transición. Y lo hace por razones ideológicas, sin respetar el servicio que los colegios religiosos han rendido a la educación.

La nueva norma no aborda la mejora de las condiciones laborales de los profesores ni introduce nuevos requisitos para garantizar el nivel intelectual y capacitación de los docentes. Y además inicia el desmantelamiento de la educación especial con una filosofía buenista que obvia el problema de los medios. Los colegios e institutos no están hoy preparados para integrar a personas con discapacidad.

Pero lo peor es que la reforma sigue sin reivindicar la cultura del esfuerzo, el valor esencial para cualquier aprendizaje. Nada se consigue sin sudor. Y la nueva ley incide en un igualitarismo por abajo que acentuará la degradación de una enseñanza que ignora las disciplinas humanísticas y forma a los alumnos en la mediocridad.

A lo que se suma la introducción de una asignatura llama “Cultura de las relIgiones” que parece un intento de reivindicar la antropología cultural, tan en boga a principios del siglo XX. Supongo que los chicos estudiarán los rituales de las tribus amazónicas pero no se les enseñará quien fue Abraham o San Agustín.

Esta ley es sencillamente un paso atrás, un disparate, una iniciativa que tendrá desastrosas consecuencias si no es derogada. Y no porque su intención sea adoctrinar, cosa que no creo, sino porque está pensada para educar en la vacuidad a las nuevas generaciones. Como la educación es el principal activo de un país, me temo que el futuro que nos aguarda no es precisamente halagüeño si no se pone remedio a este despropósito.