Pasividad en Gibraltar

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DESDE el punto de vista político, Gibraltar es -ante todo y sobre todo- una cuestión de soberanía. En este sentido, España debe mantener una actitud firme y perseverante con plena conciencia de que un problema de siglos no se resuelve en poco tiempo. A la vista de este objetivo, lo fundamental es no cometer errores que perjudiquen la justa reivindicación española. En Derecho Internacional, los actos unilaterales de los Estados, ya sean por acción o por omisión, tienen especial relevancia como fuente normativa y podrían ser utilizados en el futuro por una diplomacia experimentada como es la británica. De ahí que sea muy grave la pasividad del Ejecutivo ante la intolerable usurpación territorial que hoy denuncia ABC. Gibraltar consigue ganar terreno al mar (hasta ahora, el equivalente aproximado a más de cuatro campos de fútbol) con rellenos de tierra procedentes de suelo español y sin ningún título jurídico que lo justifique. Se trata de construir complejos turísticos y de ocio y de ampliar la terminal del aeropuerto, dos cuestiones básicas para la economía de la colonia. El Gobierno muestra una vez más su inoperancia y hace caso omiso a las denuncias del PP de Cádiz, cuando debería poner en marcha acciones legales ante tribunales internos e internacionales. En estas condiciones, los promotores de estas actividades actúan con absoluta impunidad, y el silencio de Exteriores puede ser interpretado jurídicamente en su día como un consentimiento tácito, con grave daño para los intereses españoles.

Los avances sobre la cuestión gibraltareña en la etapa de José María Aznar y Tony Blair fueron cuestionados por el PSOE mediante su denuncia insistente sobre la reparación de submarinos nucleares en el Peñón. En cambio, con ocasión de los vertidos del «New Flame» -pronto hará un año- se produjo un sospechoso silencio de la Junta de Andalucía y de los alcaldes socialistas de las zonas próximas al peligro ecológico. Rodríguez Zapatero ha propiciado un foro «trilateral» de debate, situando a una entidad local de escasa relevancia en pie de igualdad formal con dos Estados soberanos de larga trayectoria. El resultado es que el Ejecutivo gibraltareño se siente fortalecido ante esta debilidad y ampara operaciones que España no debe consentir por razones históricas, jurídicas y socioeconómicas. Aunque el tema no sea prioritario a día de hoy en la agenda diplomática, es imprescindible mantener siempre el máximo rigor y exigencia ante todo tipo de instancias. El problema actual se sitúa en el ámbito de los principios y no se resuelve tratando de restarle importancia porque se trata de unos terrenos de extensión limitada. La soberanía no se mide por metros cuadrados sino por razones de legitimidad que nuestro país debe hacer valer una y otra vez con el único objetivo de recuperar en su día la plena titularidad jurídica del territorio, tanto en la perspectiva del Derecho Internacional como del derecho interno.

Mirar para otro lado y hacer dejación de las competencias irrenunciables que corresponden al Gobierno español es una actitud particularmente grave cuando afecta a la política exterior. Rodríguez Zapatero se ha ocupado de promover ocurrencias que no interesan a nadie o de ejercer supuestas labores de mediación en conflictos que superan su capacidad de influencia, pero parece ignorar los asuntos que realmente afectan al interés permanente de España en el ámbito diplomático. Además de las denuncias a nivel local y provincial, la oposición debería llevar el asunto al Congreso de los Diputados para que Miguel Ángel Moratinos explique los motivos de esta pasividad ante una usurpación evidente. Sin necesidad de largas giras por varios continentes. el Ministerio de Exteriores tiene aquí una buena oportunidad para demostrar que es capaz de hacer los deberes y actuar eficazmente en el plano político y también en el judicial. Una vez más, se impone la necesidad elemental de un consenso entre los grandes partidos nacionales cuando están en juego los intereses de la acción exterior del Estado.