Ignacio Camacho

Así que pasen siete años

Caso Madoff: siete meses. Caso Gürtel: siete años. La diferencia entre una Justicia operativa y otra ineficiente

Ignacio Camacho

09/10/2016
Actualizado a las 15:20h.

Siete meses tardó un tribunal americano en sentenciar a Bernard Madoff a 150 años de cárcel por su célebre estafa piramidal, que alcanzó los 50.000 millones de dólares. El caso Gürtel, con un volumen de fraude cien veces menor en la más alta de ... las hipótesis, acaba de empezar a juzgarse en la Audiencia Nacional tras una instrucción de… siete años. Por más que se trate de un sumario mucho más ramificado, con decenas de imputados, cuestiones de aforamiento y dificultosas comisiones rogatorias a la banca suiza, es dudoso que la complejidad de su investigación sea de una escala tan proporcionalmente mayor que la de Madoff, que utilizaba sofisticadas estrategias internacionales propagadas por todo el planeta a través de los hedge founds. Y como no parece que la Justicia de los Estados Unidos sea menos garantista que la española, sólo cabe concluir que la nuestra es más ineficiente. Es decir, menos justa.

Entre siete meses y siete años hay demasiada diferencia para no pensar que una democracia con un sistema judicial tan lento y poco diligente es una democracia imperfecta. Porque el de Gürtel es además un caso de corrupción política, cuyas consecuencias han enrarecido de forma decisiva el ambiente institucional, estigmatizado a un partido de Gobierno y sembrado una gigantesca desconfianza ciudadana. Cuando se produjeron las primeras detenciones, el PP estaba aún en la oposición, y sólo la rara habilidad resistente de Rajoy ha impedido que vuelva a estarlo en el momento de arrancar la vista oral. Algunos acusados han consumido de largo el plazo máximo de prisión preventiva, y a uno hasta le ha sobrevenido una enfermedad senil que inhabilita su testimonio. Los españoles hemos ido a votar varias veces sin que se hayan aclarado las responsabilidades penales de los dirigentes implicados, groseramente dilucidadas en una especie de juicio paralelo de opinión pública. Y todavía faltan por concluir varias piezas separadas del sumario, entre ellas las que conciernen al propio Partido Popular –la de la destrucción de los ordenadores– y a algunas actividades de su extesorero Bárcenas.

Nada de esto es admisible en una sociedad moderna. El grado de desarrollo civil se mide también en la capacidad de depurar razonablemente los abusos y de ofrecer a los ciudadanos respuestas jurídicas seguras y confiables. La causa de los ERE, que afecta a todo el orden político aún vigente en Andalucía, padece de idéntica deficiencia en la gestión de plazos. Cuando ambas se sustancien, para lo cual habrá que esperar aún el recorrido procesal de los previsibles recursos, la velocidad política las habrá convertido en vestigios de arqueología social. Y el ajuste de cuentas será tan tardío que de ninguna manera reparará los daños causados en la credibilidad democrática. Lo malo es que esa avería estructural no tiene trazas de arreglarse así que pasen otros siete años.