Paisaje de corrupción

EN la Costa del Sol, y en realidad en casi toda la costa española, es un delito

IGNACIO CAMACHO
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EN la Costa del Sol, y en realidad en casi toda la costa española, es un delito hasta el amanecer, porque el sol ilumina cada mañana el paisaje de un gigantesco cohecho. Sólo desde la corrupción se explica el perfil depredado, extenuante, del litoral español, ese territorio devastado por cientos de colonias de adosados y bloques que bajan desde la montaña al mar, extendiéndose por los más inverosímiles recodos de la orografía, modificando el curso del agua, del viento y de la arena. Una corrupción descomunal, desmesurada, casi universal, que se ramifica por todas las instituciones -autonómicas, provinciales, locales- y permeabiliza el tejido social y hasta la mentalidad popular; no hay propietario de una casita o una parcela que no sueñe con la recalificación milagrosa que lo ingrese de un solo golpe en el club floreciente y opulento de los especuladores, esa gente que en los municipios costeros representa una especie de modelo de vida. Uno va por la costa, contempla el abuso urbanizador que cercena horizontes, colapsa servicios y agota infraestructuras, y sólo le viene a la mente un pensamiento, una idea: alguien ha hecho negocio con esta barbarie.

De vez en cuando, como ayer en Estepona, o antes en Marbella, o en Calviá, o en Andratx, o en Adeje, o en Totana, los jueces tiran de algún hilo que se ha quedado suelto en los tejemanejes recalificatorios, ordenan escuchas, practican registros, revisan expedientes, y en los telediarios salen alcaldes y concejales -de casi todos los partidos- que juran, con las esposas puestas y la cabeza escondida en una cazadora, que todo ha sido un siniestro error o que su detención obedece a un designio de persecución política del adversario. En ocasiones van a la cárcel junto a los empresarios que los han sobornado y algunos intermediarios expertos en explorar los pasillos de la venalidad, pero el mal ya está hecho, los edificios levantados, las viviendas a menudo vendidas, los suelos especulados. También suelen salir algunos próceres autonómicos jactándose de la intervención de la Justicia en los escándalos que ellos tenían la obligación de impedir, y por lo general descargando las culpas en los rivales. Luego se olvida poco a poco la alharaca de la cuerda de presos, y el territorio se queda solo con su destino manoseado y mercantil; violentado, invadido, irrecuperable.

Es un débil consuelo esta puntual desimpunidad de los corruptos, primero porque resulta necesariamente parcial, esporádica y selectiva, pero sobre todo porque llega siempre a remolque de los daños. Lo urgente, lo imprescindible, es un cuerpo legal y administrativo que impida a tiempo el toqueteo desaprensivo del suelo por las manos largas y codiciosas de los mercaderes de plusvalías y favores, y que a falta de una recta moral pública existan al menos mecanismos capaces de supervisar el sórdido cambalache cotidiano en el que muchos ayuntamientos depositan su viabilidad financiera y muchos munícipes entrevén la confortable pensión de su futuro. Esta ciénaga putrefacta de dinero fácil obliga sin duda a una responsabilidad de rendición de cuentas ante los tribunales y los ciudadanos, pero ni la más estricta de las justicias tiene el poder de devolverle al paisaje su virginidad enajenada.