Otra rendición ante el nacionalismo

A partir de ahora, y si prospera esta farsa parlamentaria de rehacer por completo la ley Celaá negociando enmiendas subrepticias, autonomías como Navarra, Baleares o la Comunidad Valenciana dispondrán de la cobertura legal suficiente para aplicar la inmersión lingüística sin someterse a control alguno. Cataluña y el País Vasco ya venían despreciando de oficio al castellano desde hace lustros porque nunca ningún Gobierno, ni del PSOE ni del PP, quiso hacer cumplir la legalidad, llegar al fondo de la cuestión combatiendo los abusos con sanciones de la inspección educativa, y ejecutar las múltiples sentencias judiciales dictadas contra el destierro del español de las aulas.

Desde ahora, y sin siquiera escuchar a la comunidad educativa en el Congreso, Sánchez e Iglesias pondrán en manos del nacionalismo una herramienta legal muy poderosa para que el «dominio» del español entre nuestros niños sea una quimera. De algún modo se está derogando un artículo sustancial de nuestra Constitución por la vía de los hechos consumados, y con el tiempo quedará desnaturalizado el mandato que atribuye a todos los españoles el derecho y el deber de conocer su propia lengua oficial. La conclusión es que la enseñanza obligatoria del castellano quedará convertida en una añagaza sin posibilidad real de ser testada porque las autonomías dependientes del soberanismo podrán hacer de su capa un sayo sin impedimento alguno. Oficialmente, la ley garantiza y protege el castellano, pero de facto Sánchez le asesta un golpe allá donde el nacionalismo periférico quiera erradicarlo. Tan legal será incluirlo como excluirlo de las aulas, y esa será precisamente la coartada que también permitirá al nacionalismo desactivar a los Tribunales. Esta tramitación apunta maneras de rendición del Estado frente a un chantaje.

No es verdad que vaya a ser una ley progresista. Más bien será un parche sectario sumado a décadas de descontrol educativo y de ausencia de consensos que pagan nuestros jóvenes con una preparación deficiente, según los distintos baremos internacionales. Es, una vez más, la utilización de la educación como arma arrojadiza para el adoctrinamiento masivo, y no para mejorar la calidad de la enseñanza. El argumento de Sánchez al hacer una defensa sin cuartel de la educación pública, como si el resto de modalidades educativas fuesen una ofensa a la izquierda y no un derecho ejercido en libertad por los padres, es la enésima falsedad de un Gobierno anclado en el revanchismo ideológico. Proteger la educación concertada no es desmerecer a la pública, del mismo modo que promocionar las lenguas cooficiales no tiene por qué implicar un odio sin sentido al castellano. Pero hasta a la lengua oficial le ha puesto precio Sánchez.