Ojalá me equivoque

JOSÉ MARÍA CARRASCAL
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OJALÁ me equivoque porque, si no me equivoco, la crisis económica va a ser un catarro comparado con el cáncer que puede llegarnos desde el nuevo Estatuto catalán. Una crisis económica gira en torno al dinero, poderoso e importante caballero, pero que puede recuperarse si se pierde. O sea, algo ajeno al sujeto, que no lo define ni determina. Una constitución, en cambio, define lo que es una nación, y si la constitución se licua o gasifica, tras ella va la nación. Es lo que tememos ante las noticias que corren sobre la sentencia cocida y recocida del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto catalán. Que no nos diga claramente si es constitucional o no. Peor incluso: que nos diga que es y no es constitucional al mismo tiempo, convirtiendo la Constitución española en plastilina, al dejar sus más controvertidos artículos al albur de eso que llaman «interpretación conforme», pura camelancia, pues hay tantas interpretaciones como pareceres, con lo que nos quedaríamos como estábamos, sólo que peor. Es lo que me temo: que se salve el conjunto del estatuto con parches aquí y apaños allá. Un enjuague, una componenda, un chanchullo con la «carta magna» nada menos.

No se puede aceptar el término «nación» en un preámbulo y añadir luego que la constitución no admite otra nación que la española. No se puede aceptar el uso del catalán en todos los ámbitos de la vida pública catalana y aceptar al mismo tiempo que el español es la lengua del Estado, teniendo derecho todo español a usarla y conocerla en todo el ámbito estatal. Dejar puntos como estos al arbitrio interpretativo es puro sofisma e instalarse en el campo opuesto a la razón y al Derecho. O sea, en el de la sinrazón y en el del derecho torcido. Que de ser ciertas las habladurías, es lo que nos espera.

El Tribunal Constitucional tiene sólo una función: decirnos si la conducta de un ciudadano o lo legislado por algún organismo del Estado es constitucional. Pero si nos dice que esa conducta o esa legislación puede ser constitucional o no según se interprete, no nos servirá de nada, ni lo necesitamos a él para nada. Al revés, nos servirá tan sólo para crear más confusión, más frustración, más controversia de la que ya tenemos, y este país tiene ya demasiado de las tres cosas para permitirse el lujo de aumentarlas. Ocurriría lo mismo en un tribunal ordinario, si el juez sentenciase que el inculpado es culpable, pero al mismo tiempo, inocente. Quedando al criterio de cada cual el decidirlo. ¿Se lo imaginan?

Es la consecuencia de haber puesto en la cima de la Justicia española un tribunal político, que mira de reojo al gobierno en vez de tener una venda sobre los ojos para no dejarse influir por las circunstancias. El desprestigio que ha acumulado desde aquella primeriza sentencia sobre Rumasa es inmenso. Pero nada comparable a lo que pudiera ocurrir si decidiese que la Constitución es vasalla de un estatuto. Ojalá me equivoque.