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Nueve asesinatos en dos días

Los nueve asesinatos, perpetrados en variadas modalidades (a tiros, a cuchilladas o a golpes) durante este fin de semana en diversos puntos de España, han reavivado en la opinión pública el debate sobre la inseguridad ciudadana, un asunto que, día tras día, pinta un panorama ciertamente pesimista, habida cuenta de que va acompañada de un aumento de los índices de criminalidad. Según las últimas cifras facilitadas por el ministro del Interior, Mariano Rajoy, en los tres primeros meses de 2002 la delincuencia creció un 5,8 por ciento respecto al año anterior, mientras que en 2001 lo había hecho un 10 por ciento (el mayor incremento en los últimos quince años). El Ministerio del Interior sigue, no obstante, defendiendo el plan de «Policía de proximidad» puesto en marcha en 1996, pues de no existir las cifras serían sustancialmente peores. Un consuelo ciertamente pírrico. Por su parte, la oposición maneja números distintos. Según Rodríguez Zapatero, «desde que gobierna Aznar la criminalidad ha aumentado un 20 por ciento, mientras hay 6.000 policías menos en la calle». Ayer mismo, el secretario general del PSOE volvía a apuntar el «fracaso» que, a su juicio, está cosechando el PP a la hora frenar los índices de delincuencia.

Pero en este asunto, los ejercicios estadísticos, tan dúctiles, no son en absoluto determinantes. La inseguridad ciudadana es una sensación que no se resuelve negándola, pues ello contribuye a multiplicar el efecto de desprotección entre los ciudadanos y a desdibujar las soluciones. La propuesta hecha por el fiscal jefe de Córdoba en su última memoria es algo más que inquietante: aumentar el número de licencias de armas, más seguridad privada y patrullas vecinales de vigilancia. No es este el camino.

Decíamos que se trata de datos y de sensaciones, no de alarmismo, pues lo realmente alarmente es que no se tomen medidas para devolver el asunto a los cauces del sosiego ciudadano. No parece muy normal que las cárceles, según aseguraba hace unas fechas Instituciones Penitenciarias, estén muy próximas a su saturación, ni que en sólo 48 horas aparezcan los cadáveres de nueves personas asesinadas. Y si esto es normal, el asunto es mucho peor.

La seguridad es un bien básico, un derecho equiparable al de la salud y la libertad, que requiere una permanente preocupación por parte de las autoridades. El incremento de las plantillas de la Policía y algunas medidas judiciales, como las devenidas de los juicios rápidos y la petición de expulsión de los delincuentes multirreincidentes a sus países de origen, son de urgente aplicación.

Y tan así es que en Francia, sacudida también en los últimos años por la progresión de las cifras de delitos, este tema fue el argumento esencial de Chirac en la campaña electoral. El Gobierno tiene ante sí un reto inaplazable. Que las calles recuperen su tranquilidad sobrepasa los terrenos de la necesidad para hollar los de la exigencia.

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