Menores agresores y menores agredidos

FERNANDO DE ROSA
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LAS presuntas violaciones de menores por otros menores, ocurridas en Baena e Isla Cristina, abren interrogantes sobre dos facetas de una misma realidad: la actuación frente a los niños y adolescentes que realizan acciones gravemente lesivas, y la protección de las víctimas de estos delitos.

La actuación pública debe ir orientada a prevenir la delincuencia juvenil, para lo cual es necesario que la sociedad procure un desarrollo armonioso de los adolescentes y respete y cultive su personalidad a partir de la primera infancia (ONU Directrices Riad 1990). La familia es el elemento central encargado de la integración social primaria del niño, pero también el sistema educativo debe fomentar la tolerancia y el sentido de la responsabilidad, sin olvidar unos medios de comunicación que transmitan la contribución positiva de los jóvenes a la sociedad y una imagen desfavorable de la violencia. Habría que preguntarse si las políticas del Gobierno actual avanzan en esta dirección.

Cuando un menor comete un delito, la respuesta del Estado debe ser su reeducación, evitando la reincidencia, pero también debe trasladar a los otros jóvenes y al resto de la sociedad que los delitos no quedan impunes. Los hechos de los últimos días y otros similares ocurridos anteriormente demuestran que la legislación actual no cubre estas exigencias, por lo que debería ser revisada, incrementando la intensidad de las consecuencias jurídicas sobre el autor de delitos graves y en los casos de multirreincidencia.

Habría que reflexionar sobre la reducción de la edad mínima de responsabilidad de los catorce a los doce años, estableciendo medidas de reeducación adecuadas a sus circunstancias. También sería necesario aumentar las medidas de internamiento y plantear la posibilidad de cumplimiento en prisión cuando el autor alcance la mayoría de edad en determinadas circunstancias.

La otra cara de la moneda son los menores agredidos. Son víctimas más vulnerables debido a su limitada madurez y desarrollo evolutivo, por lo que tienen una mayor probabilidad de sufrir un intenso impacto emocional. En estos casos los poderes públicos deben realizar un especial esfuerzo para mitigar los efectos negativos del delito, garantizando la prestación de la debida asistencia psicológica, social y jurídica y prestando apoyo a sus familias.

Vicepresidente

del CGPJ