Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, y Pablo Iglesias, líder de Podemos, en el Congreso de los Diputados
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, y Pablo Iglesias, líder de Podemos, en el Congreso de los Diputados - ABC
EDITORIAL

Medidas contra la desaceleración

El presidente del Gobierno está haciendo más caso a sus consejeros de imagen que a la realidad. Y pese a la incipiente desaceleración económica, actúa ignorando todas las advertencias de muchos economistas

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El Gobierno socialista tiene previsto presentar su primer proyecto de Presupuestos antes de final de este año, en lo que sería el gesto más importante para consolidar su posición política con un trámite en el que ha de volver a poner a prueba la mayoría heterogénea que le llevó a La Moncloa. Por lo que se sabe, lo más importante de este proyecto de Presupuestos es un aumento del gasto público a la altura de las reclamaciones de sus socios nacionalistas y populistas de izquierda. Sánchez quiere usar el dinero público para abonar su ambición de intentar consolidarse ante los ciudadanos con la envergadura que aún no tiene.

Lamentablemente, en este objetivo Sánchez está haciendo más caso a sus consejeros de imagen que a la realidad. Pese la incipiente desaceleración económica, que aconsejaría claramente prudencia y moderación en el gasto después de la experiencia de diez años de crisis, Sánchez actúa ignorando todas las advertencias de muchos economistas. El crecimiento de la economía española, en línea con lo que sucede entre las principales economías del mundo, ha comenzado ya a evidenciar síntomas de desaceleración: el ritmo de creación de empleo se ha moderado; el consumo de los hogares se ha ralentizado; las exportaciones, que fueron el gran motor de la recuperación, vacilan y algunos vientos de cola como el precio del petróleo y la política monetaria flexible del BCE, están a punto de agotarse. Peor aún es la elevadísima deuda pública, factura atrasada de la crisis financiera que nos llevó a la catástrofe de la mano del anterior Gobierno socialista, que representa un factor de riesgo muy importante porque puede volver a poner al país en una situación precaria. Algunas de sus medidas, como la vinculación de pensiones e IPC y el fin del copago farmacéutico, van en contra de la sostenibilidad de las cuentas públicas. Lo que Bruselas le ha dicho y Sánchez no ha explicado a los ciudadanos, es que si quiere aumentar el gasto tiene que aumentar los ingresos de la única manera posible, subiendo los impuestos.

La hoy vicepresidenta del Ejecutivo, Carmen Calvo, llegó a decir en su día que el dinero público «no es de nadie». Ahora, Sánchez ha decidido que es suyo y que puede usarlo para su objetivo esencial que es consolidarse en el poder a toda costa. Entre las exigencias de sus aliados y sus propios planes de futuro, el interés de los ciudadanos queda en un segundo plano. Y la mayor prueba de ello es que también ha dicho que si no puede romper las reglas constitucionales laminando la posición del Senado o si resulta que alguno de sus extravagantes socios le traiciona, tampoco le importaría prorrogar los presupuestos actuales, que son los que heredó del PP.