Los líderes de la UE, en una distendida foto de familia durante la última cumbre europea, celebrada en Estocolmo. ABC

Más y mejor Europa

Por Josep PIQUÉ
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La Unión Europea está actualmente inmersa en el proceso de ampliación más amplio que ha experimentado a lo largo de toda su historia. Recordemos, en efecto, que el paso desde los seis Estados fundadores hasta los quince miembros con los que ahora cuenta se había realizado de una forma gradual —ya que nunca más de tres nuevos miembros se habían adherido simultáneamente— y espaciada en el tiempo —con varios años de diferencia entre cada una de esas ampliaciones—.

El proceso de ampliación en curso es bien distinto. Doce Estados candidatos están ahora negociando su adhesión a la Unión y es por ello muy previsible que dentro de un breve periodo de tiempo veintisiete Estados formen parte de la misma. Aparte de los casos de Malta y Chipre, Estados insulares cien por cien mediterráneos, los otros diez candidatos se encuentran situados en ese espacio geográfico, de contornos imprecisos, que hemos dado en llamar Europa Central y Oriental. El proceso de adhesión de estos últimos ha sido posible por mor de las impresionantes transformaciones experimentadas por el continente europeo a finales de la década de los 80.

En esta situación, la Unión, como en su día ya hicieron las Comunidades Europeas, ha demostrado con hechos que el proyecto europeo no es solamente un proyecto económico y empresarial dirigido a incrementar la riqueza y el bienestar, sino que es mucho más, es la materialización de una idea continental de paz, prosperidad y solidaridad, idea abierta a todos los Estados europeos que compartan la convicción de que el sistema democrático es el único deseable y el único posible.

Es evidente —y España lo sabe bien por su propia experiencia— que las negociaciones de adhesión a la Unión constituyen un ejercicio de extraordinaria complejidad. Las normas vigentes, fruto de la permanente actividad de las Instituciones, constituyen un cuerpo jurídico extensísimo que está, además —de forma inevitable— en permanente evolución. Comprendemos por ello bien que los Estados candidatos puedan en algún momento dar síntomas de impaciencia considerando que los mecanismos de aproximación de sus respectivas legislaciones a las reglas comunes, en los sectores en los que estas reglas existen, son mecanismos de carácter técnico que podrían supeditarse a la voluntad política. Alegan también los Estados candidatos, y no les falta razón, que en ocasiones sus ciudadanos pueden llegar a flaquear por cuanto que las transformaciones, aunque inevitables, implican sacrificios importantes.

A estas alturas no parece necesario repetir a los países candidatos que existe una firme voluntad política, por parte de la Unión Europea y de todos y cada uno de sus Estados miembros, para concluir el proceso tan pronto como resulte posible. La adhesión de cada candidato se producirá, sin ninguna dilación ni retraso, tan pronto como cada uno de ellos concluya su negociación bilateral con la Unión Europea.

Después del Consejo Europeo de Niza, esto ha dejado de ser una afirmación retórica para convertirse en un objetivo muy concreto: que los nuevos Estados miembros puedan participar en las próximas elecciones al Parlamento Europeo del año 2004. Nos encontramos, pues, en la fase final de las negociaciones.

El Gobierno español, en constantes visitas y encuentros con las autoridades de los Estados candidatos, ha tenido ocasión de dejar meridianamente claro que nuestro apoyo al proceso de ampliación es total y decidido y que compartimos, sin la menor reserva, el compromiso político común. Estamos convencidos de encontrarnos ante una ocasión histórica que debemos aprovechar. Esta posición unánime de las fuerzas políticas españolas se sustenta en un muy importante apoyo de la opinión pública, que percibe la ampliación como algo positivo para Europa y, al mismo tiempo, como algo positivo para España, por cuanto que la ampliación nos brindará la oportunidad de desarrollar plenamente nuestras relaciones económicas, comerciales y culturales con una parte del continente con la que, hasta ahora, por razones históricas, esas relaciones han sido escasas.

Frente al antiguo —y falso— dilema entre «ampliación o profundización», es a todas luces evidente que la ampliación debe servir para seguir profundizando en la construcción comunitaria. Del mismo modo que la adhesión de España a las Comunidades Europeas supuso un claro respaldo a la integración europea, con aportaciones concretas como la relativa a la ciudadanía, estamos seguros de que los nuevos Estados miembros serán entusiastas partidarios de proseguir esa labor. A sensu contrario, difícilmente sería aceptable que la adhesión de nuevos Estados favoreciera el desmantelamiento de fundamentos básicos de la Unión como, por ejemplo, la política agrícola, la política de medio ambiente, la política de cohesión o el Mercado Interior.

Es muy saludable que la permanente actividad de las Comunidades se vea sometida a un constante procedimiento de reflexión sobre lo bien fundado —o no— de esa actividad en un contexto mundial cambiante. El éxito de la Unión, como el de cualquier otra organización, depende en inmensa medida de una gran capacidad de adaptación, pero no aceptamos que a causa de la ampliación, para lograr una Europa más grande, nos encontremos con una Europa menor.

Las negociaciones con los doce avanzan de forma muy satisfactoria, con un ritmo intenso y sostenido que España mantendrá cuando, a partir del 1 de enero del año próximo, ocupe la Presidencia de la Unión.

Es cierto que en los próximos meses esas negociaciones deberán abordar varios de los capítulos más complicados aún pendientes. La labor es difícil pero perfectamente realizable ya que se trata, en definitiva, de que seamos capaces de acordar, con cada uno de los candidatos, cuándo estará en disposición de adoptar y cumplir todo el acervo o, si eso no resulta posible, cuáles serán los periodos transitorios, claramente limitados en el tiempo, en los que en algún sector concreto no se aplicará inicialmente la totalidad del acervo.

Es preciso recordar que con motivo de la adhesión de España y Portugal, el Acta aneja al Tratado de Adhesión especificaba con todo detalle los ritmos de aproximación de la normativa española a la entonces vigente en las tres Comunidades, de tal suerte que concluidos todos los periodos transitorios previstos, la totalidad del acervo fuera plenamente aplicable en los nuevos Estados miembros.

Debemos sin embargo dejar claro que en algunas ocasiones no son los Estados candidatos los que solicitan un determinado periodo transitorio, sino que será la propia Unión Europea la que, en virtud de alguna cuestión de especial sensibilidad para ella, introduzca en la negociación peticiones de periodos transitorios. El objetivo consiste, como ocurrió con la adhesión de España, en lograr una integración efectiva sin correr el riesgo de producir efectos perversos o desequilibrios insuperables en una u otra de las partes. En la ampliación actualmente en marcha, y muy especialmente a la vista del gran número de futuros Estados miembros, ya se han puesto sobre la mesa de negociación numerosas peticiones en esa línea.

Así, por ejemplo, los países candidatos suelen demandar periodos transitorios para la aplicación en su territorio de algunas normas de medio ambiente vigentes en la Unión que, de ser aplicadas desde el día de la adhesión, conllevarían un brusco aumento de costes para sus empresas o una carga insoportable para sus arcas públicas. En sentido inverso, algunos Estados miembros han hecho ya patente su preocupación por el riesgo de que una inmediata aplicación de la normativa sobre Libre Circulación de Trabajadores pudiera llegar a provocar un importante incremento de sus tasas de inmigración y, por ello, un desequilibrio en su mercado laboral. En las negociaciones será preciso encontrar solución para las preocupaciones de unos y de otros.

En ese mismo marco, España ya ha avanzado su preocupación por el hecho de que la adhesión a la Unión de varios países con niveles de renta inferiores a los de España provocará un descenso de las medias de renta comunitarias que se toman como referencia para la aplicación de la política regional y de los instrumentos estructurales. Sería pues posible que Estados o regiones que se benefician ahora de la solidaridad comunitaria —que han venido favoreciendo la convergencia real— se vieran tras las nuevas adhesiones excluidos por un fenómeno de simple convergencia estadística.

En esta situación, España reitera que la política estructural debe ser aplicable a los nuevos miembros desde el momento mismo de la adhesión y considera, simultáneamente, que es preciso encontrar en el seno de la Unión una solución para que la ampliación no suponga negar automáticamente la futura elegibilidad a efectos estructurales de los actuales Estados miembros y de sus regiones.

En definitiva, el actual proceso de ampliación es una operación histórica de reunificación de Europa que debe consolidar y reforzar sustancialmente el camino de la integración en el siglo XXI.

Hemos entrado ya en la fase final de unas negociaciones de adhesión, intrínsecamente difíciles por los complejos intereses y equilibrios que hay que tener en cuenta. Para nosotros, la política regional, junto con otros pocos capítulos, constituye el núcleo sensible de estas negociaciones. Esta constatación, conocida desde el principio, no es un obstáculo para que deban y puedan hacerse realidad las primeras adhesiones en el horizonte fijado en Niza.

España, su opinión pública, sus fuerzas políticas y su Gobierno, apoyan la ampliación sin reservas y, tanto en las negociaciones con posiciones constructivas, como desde la Presidencia —en el próximo semestre— contribuirán al éxito de esta empresa común.