TRIBUNA ABIERTA

Más tecnología, más libertad

«El conflicto del taxi y los VTC anticipa otros en el marco de la transformación digital y ninguno se resolverá con menos libertad»

Teodoro García Egea
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La Cuarta Revolución Industrial ya está en marcha. Y de las decisiones que tomemos ahora, dependerá, en buena medida, el carácter que adquiera en lo venidero. Por eso, la decisión con la que Ada Colau ha pretendido resolver el conflicto entre taxistas y conductores de VTC es tan sumamente peligrosa. No sólo porque en el presente, expulsa de facto a miles de familias de sus empleos e interviene de manera irresponsable en la economía, sino porque sienta un precedente de cómo se quiere gestionar la transformación tecnológica: recortando la libertad.

O más o menos libertad. Esa es la cuestión sustancial que nos traerá la Cuarta Revolución Industrial. Y aunque la evidencia lo deja claro, hay quienes quieren ir contra ella; son los mismos que con la irrupción del telar mecánico, hubieran ido con antorchas a quemarlos, acabando con las máquinas, y con el empleo, el desarrollo y la riqueza que generaron. Están tan heridos de presentismo, que son incapaces de alzar la vista un poco y ver lo que para todos es evidente: el mundo está cambiando. Ante esto, la política no puede responder cantando leyes administrativas o mercantiles. En ellas se reflejará el resultado de una labor previa, una labor que nos compete a los políticos. Invertir estos términos es claudicar de la tarea de liderazgo que la política, desde el inicio de los tiempos, tiene encomendada.

En el PP somos conscientes del liderazgo claro que hoy nos tiene encomendada la sociedad. Aunque eso nos lleve a decir o escribir cosas que quizá no reciban el aplauso masivo, evidencias incómodas que, no por incómodas, dejan de ser ciertas. Plataformas como Cabify o Uber no pueden ser expulsadas. En España, no hay gobierno ni instancia administrativa que pueda clausurar un negocio legítimo y obligar a su cierre. No sólo porque va contra todo lo que significa una economía libre, en un país libre, sino porque se puede además, caer en el ridículo de ser la ciudad de acogida del mayor congreso mundial sobre telefonía móvil, al tiempo que pasa a ser una ciudad en la que un Ayuntamiento le arrebata a los ciudadanos la libertad de escoger si desplazarse en taxi o en un coche con conductor contratado a través de una aplicación móvil.

Por tanto, la reflexión que tiene hacer el sector del taxi es inaplazable, porque las plataformas de VTC representan una tendencia imparable. Son el inicio de algo mayor. Y como este puede ser el primero de los muchos conflictos que la transformación digital pueda generar, cabe señalar aquí algo que marque los futuros caminos de su resolución: ninguno de ellos se resolverá con menos libertad, sino al contrario: la libertad, más libertad, es y será siempre la respuesta.

La cuestión, por tanto, está entre dejarnos llevar por el temor y asumir el inmovilismo como política que acaba degenerando en un neoludismo dirigido, no ya hacia los telares mecánicos, sino hacia las aplicaciones digitales o afrontar con altura de miras que el mundo se está transformando. La política de vuelo corto tiene clara su opción: construir muros. Lo hemos visto en Barcelona, en donde la alcaldesa ha optado por arrebatarle el futuro a sus vecinos. El PP no puede colaborar con esto. Sería ir en contra de su propia naturaleza. Y menos en un momento en el que, de aquí a unos años, la competitividad de los territorios dejará de estar ligada a factores demográficos, por ejemplo, y se basará, esencialmente, en factores tecnológicos.

Esta semana nuestro presidente nacional, Pablo Casado, dejó clara cuál era nuestra propuesta: liberalizar los mecanismos y las herramientas de los taxis para adaptarse al nuevo ecosistema del mercado y atender a los posibles fondos de compensación para aquellos que compraron una licencia y hoy pueden ver en riesgo su rédito económico. Dos medidas concretas que son el final de un camino en el que el PP ha recorrido todas las necesidades, todas las posiciones y ha asumido que lo que se plantea no es una cuestión jurídica, sino vital que debe encontrar respuesta en el marco jurídico, ampliando y protegiendo la libertad de usuarios y trabajadores. Una respuesta que haga de las nuevas tecnologías, amplificadoras de la libertad. Dos medidas que principian lo que debe ser una línea clara en el desarrollo político de la Cuarta Revolución Industrial: que el Estado adopte su justa posición, garantizando la igualdad entre todos los actores, al tiempo que apoya y ayuda decididamente a quienes encuentran más dificultades en su reconversión.

Ese es nuestro compromiso claro e inequívoco: que desde la política se ofrezca a todos las herramientas para hacer de la Cuarta Revolución Industrial lo que en el fondo es: una inmensa oportunidad. Porque a más tecnología, siempre se debe responder con más libertad.

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Teodoro García Egea es Doctor Ingeniero de Telecomunicaciones y secretario general del PP

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