Más allá de una opa hostil

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EL análisis de la opa hostil de Gas Natural -empresa participada en un 34 por ciento por La Caixa- sobre el cien por cien de las acciones de Endesa, que ayer rechazó la operación por «insuficiente» y «preocupante», debe enmarcarse en una doble vertiente. Desde un estricto punto de vista económico, la operación permite a La Caixa colocar la última pica en el mapa energético español, erigiéndose en actor principal de un sector en el que ejerce ya un control casi absoluto. A nadie se le oculta que el movimiento convierte a Cataluña en el centro neurálgico de las grandes decisiones industriales, relegando a Madrid de un protagonismo que el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pasqual Maragall, llevaba reclamando para su comunidad desde hace tiempo. Ha sido un corrimiento de tierras ordenado, fruto de esa tupida red de participaciones que La Caixa ha ido tejiendo en diversos sectores empresariales. La entidad que preside Ricardo Fornesa posee el 35,5 por ciento de Gas Natural; el 23,1 de Aguas de Barcelona; el 12,5 de Repsol YPF, el 1.97 de Endesa, el 14,8 del Banco de Sabadell; el 5 por ciento de Telefónica, el 47,9 de Inmobiliaria Colonial y un 78,8 de Universal Port Aventura. El viejo sueño de la caja catalana de crear un gigante energético formado por Repsol, Endesa y Gas Natural puede ahora hacerse realidad.

Pero para hacer realidad esa antigua aspiración La Caixa ha contado con el apoyo del Gobierno, y más concretamente del ministro de Industria, José Montilla, que ha movido los hilos políticos de una operación cuya trascendencia no se agota en el horizonte económico, sino que va más allá del ámbito estrictamente financiero. Montilla ha dado sobradas muestras de capacidad para urdir las más complejas estrategias, en las que la política -al servicio de los intereses del Gobierno y del PSOE, naturalmente- y la economía se retroalimentan en un escenario de alambicadas relaciones transversales. El diseño de la operación actualmente en marcha, en lo que respecta al poder de la Administración y a sus intentos, nada disimulados, por otra parte, de alterar el actual «statu quo» de las empresas privatizadas, tiene mucho que ver con la figura del ministro de Industria y secretario general de los socialistas catalanes, seña de identidad ésta fundamental para entender en su totalidad el calado de la operación financiera que pretende La Caixa.

A nadie se le oculta que la musculatura empresarial de la entidad catalana, cuya solvencia en la gestión resulta indudable, ha crecido en la medida en que el Gobierno tripartito de Maragall ejerce una influencia decisiva en la gobernabilidad del Estado. Dicho de otro modo, el escenario económico en el que se ha consolidado La Caixa no es ajeno al nuevo escenario sociopolítico catalán, en el que formaciones como ERC se erigen en socios preferentes y plantean una serie interminable de exigencias propias de quien ha demostrado muy poca lealtad con lo que representa España en términos de solidaridad nacional. Por eso, el principal punto débil radica en el hecho de que los legítimos movimientos empresariales de La Caixa puedan estar sometidos -dada la excesiva dependencia de las Cajas de Ahorros del poder- al intervencionismo de una clase dirigente catalana que no renuncia al control político de sectores estratégicos. Estamos ante un proceso en el que parece que lo que se pretende es sustituir el tejido de empresas públicas privatizadas por el PP por un sector público indirecto y regionalizado, estructurado en torno a las Cajas de Ahorros y sometido al control de los poderes autonómicos.

Vincular el auge empresarial de La Caixa con la dependencia de Zapatero del Gobierno tripartito podría ser un ejercicio de reduccionismo, pero no conviene perder de vista que la rivalidad Cataluña-Madrid no se ciñe, hoy por hoy, al estricto ámbito económico y que el Ejecutivo socialista cultiva más el puente aéreo que los puentes de diálogo con el Gobierno de la comunidad madrileña, la joya de la Corona del PP y el enemigo a batir por el poder que simboliza el Palacio de la Moncloa. Con la operación financiera desplegada por La Caixa, la entidad catalana incrementa su dominio, sitúa en Cataluña (como quería Maragall) el centro del poder para manejar los hilos del sector energético español y, de paso, ofrece al Gobierno socialista el cambio que anhelaba en las empresas privatizadas.