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EDITORIAL ABC

Un mandato común al PP y Ciudadanos

El tiempo de Ciudadanos para superar al PP acabó cuando se cerró el escrutinio. Ambos partidos deben entender el compromiso que les han confiado sus electorados

Audiencia del Rey a Albert Rivera, de Ciudadanos EP

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Si como acordó la cúpula de Ciudadanos después del 26-M, el Partido Popular es su socio preferente, el partido dirigido por Albert Rivera debería tomarse en serio las negociaciones para formar gobiernos autonómicos y municipales donde sea posible formar una mayoría de centro-derecha. ... Las especulaciones sobre el Ayuntamiento de Madrid o los gobiernos de Castilla y León o Murcia contradicen el mandato de un electorado que, votando al PP o votando a Ciudadanos, quería una alternativa a la izquierda o mantener un gobierno entre ambos partidos. La estabilidad que necesita la política española empieza por fijar con nitidez las líneas de las opciones ideológicas y las mayorías de gobierno. Lo razonable es que PP y Ciudadanos se apoyen recíprocamente y hagan alcalde o presidente autonómico a aquella de sus candidaturas más votadas. Lo que para Rivera, en la campaña del 28-A, era bueno para España -un gobierno de coalición entre PP y su partido-, también debería serlo para sus comunidades autónomas y ayuntamientos. Nada sería más deseable que poder diferenciar al PSOE de su secretario general, Pedro Sánchez, y hacer políticamente comprensible una abstención en la investidura del candidato socialista, confiando en un cambio de su política con la extrema izquierda y el nacionalismo. Es puro voluntarismo pensar en algo así, lo mismo que lo es aspirar a una especie de rebelión interna de barones socialistas, que les hiciera acreedores del voto de Ciudadanos. Los ejes de la política española están definidos por una alianza táctica y estratégica del PSOE con los nacionalismos más radicales desde 2003 -consentida por todos sus dirigentes territoriales-, y mientras esta se mantenga, es necesaria una alternativa sólida de centro-derecha que fuerce al socialismo a cambiar a una política constitucionalista y de Estado.

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