Malos tiempos para el Poder Judicial

En el contexto de objetivos políticos extra y anticonstitucionales fijados en los pactos de Sánchez con Unidas Podemos, el PNV y ERC, el poder judicial es la única oposición de fondo que teme el Gobierno socialista, que ya ha dado muestras de no querer eludir el choque frontal con los jueces. La Moncloa respaldó expresamente a Pablo Iglesias después de que este dijera que la Justicia española había sido «humillada» por la europea. Más allá de la ignorancia que demuestran estas palabras, se trata de un discurso servil de la propaganda separatista, coincidente con Unidas Podemos en descalificar a la Justicia del Estado ante Europa.

La izquierda ya está allanando el camino para endosar al PP la responsabilidad de que el CGPJ y el TC no se renueven en un plazo prudente. Sin embargo, la verdadera responsabilidad del PP en esta cuestión es fijar muy alto el listón del acuerdo con los socialistas, porque los populares no pueden ser cómplices de la colonización de esos órganos por partidos que propugnan la destrucción del sistema constitucional. La labor del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, se presenta así muy compleja, principalmente porque pertenece a un Gobierno que juega a la contra de la estabilidad institucional, del respeto al Estado de Derecho y de la vigencia de la separación de poderes. El problema de Campo no será la actitud del PP en las negociaciones, sino conservar su crédito como interlocutor de un Ejecutivo nada fiable y que se ha retratado, en sus verdaderos instintos políticos, con el nombramiento de Dolores Delgado. Quien nombra a Delgado fiscal general es que no respeta a la Justicia.