Vidas ejemplares
La Justicia existe, qué horror
Se pulieron en la promoción de su quimera ilegal el dinero de una comunidad quebrada
Fleet Street era la arteria londinense de los periódicos, antes de su deprimente éxodo a los polígonos (ahora algunos han retornado al centro, a la vida). La calle conserva empaque. Pero de los días dorados de la prensa solo quedan sombras de rótulos de cabeceras ... y el bar El Vino, donde se pillaban sus gloriosos bolingones los gacetilleros y los abogados de los tribunales del Strand. En 1666, un incendio de cuatro días arrasó la vieja City. Se cuentan con una mano los edificios que se salvaron. En el número 17 de Fleet Street resiste uno de ellos, cuya fachada llama la atención por su evocador porte medieval. En su techo luce una sorprendente ‘senyera’ catalana, y es que desde 2008 se ubica allí su ‘embajada’, por la que pagan un ojo de la cara. La sede diplomática fue inaugurada por el pinturero Carod, que viajó para la ocasión con una corte de 17 cargos, cuchipanda que costó 15.200 euros. La de Londres es solo una de las 16 ‘embajadas catalanas’. Entre 2011 y 2017, su misión fue promocionar en el extranjero un plan ilegal para forzar la independencia. En esos años la comunidad estaba quebrada, debido a la mala cabeza de sus mandatarios. Cataluña respiraba gracias al oxígeno económico estatal. Pero mientras el Estado sostenía las arcas catalanas con sus ayudas de emergencia, el Gobierno autonómico dilapidaba esos fondos públicos en la promoción de un ‘procés’ para destruir España (al tiempo que descuidaba los servicios básicos de los catalanes). También se untó con fondos públicos a periodistas guiris, invitados a Barcelona a todo trapo para ganarlos para la causa. El Tribunal de Cuentas calcula que aquellos gobiernos catalanes se pulieron 421 millones en la promoción exterior, mientras tenían a niños estudiando en barracones.
Tras el golpe de 2017, la Fiscalía, la Abogacía del Estado y dos asociaciones constitucionalistas catalanas solicitaron la reparación de aquellos fondos desviados. El Tribunal de Cuentas reclama ahora 5,1 millones a 40 cargos del ‘procés’. Con amenaza de embargo, demanda 1,9 millones a Puigdemont y Junqueras; 2,1 a Romeva y 2,8 a Mas. Los dirigentes separatistas se revuelven perplejos -qué horror, ¡la Justicia existe!- y exigen a su socio, Sánchez, que embride al tribunal, con lo que acreditan su osado analfabetismo sobre lo que es un Estado de derecho. El Gobierno de Sánchez, siempre genuflexo ante ellos, desacredita a la Justicia española y lamenta que las reclamaciones judiciales pongan «piedras en el camino» de la concordia. Gonzalo Boye, el abogado de Puigdemont, considera «franquista» al Tribunal de Cuentas y tacha sus procedimientos de «tomadura de pelo».
Por cierto: la Audiencia Nacional acaba de confirmar que el tal Boye se sentará en el banquillo acusado de blanqueo. ¿Blanqueo de qué? Pues del dinero procedente de cuatro toneladas de farlopa que Sito Miñanco movió en 2018. Pero el eventual presidente de España se muestra más afín a todos esos vándalos antiespañoles, instalados en un victimismo perpetuo, que a los partidos constitucionalistas y a la Justicia. Una vergüenza.
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