Una ley discutida

Actualizado:

La entrada en vigor hoy de la reforma de la Ley de Extranjería viene acompañada por la proliferación de las protestas, huelgas de hambre y encierro de inmigrantes en situación ilegal y de las críticas de la oposición. El Gobierno pretende con la nueva regulación luchar contra la inmigración irregular y desmantelar las redes del tráfico ilegal de personas. La norma debe ser el instrumento que permita la expulsión progresiva de quienes no se encuentren en situación legal. El Ejecutivo prevé la firma de acuerdos con los países de los que procede el contingente mayor de «ilegales». Mientras que las protestas de quienes se ven abocados a la expulsión de nuestro país es natural, la actitud de la oposición bordea, si no traspasa, los límites del oportunismo y la demagogia.

A nadie se le debe ocultar que el problema de la inmigración ilegal es un grave asunto de Estado y cabe presumir que lo seguirá siendo durante mucho tiempo. Es una auténtica bomba social, algo que parece que se nos está escapando a todos de las manos. Tampoco pueden omitirse las costosas repercusiones económicas derivadas de la obligación de atender a las necesidades sanitarias, educativas y sociales de los inmigrantes. Se trata de un problema que afecta especialmente a España por nuestra condición de puerta de Europa para los africanos y que debe ser abordado respetando nuestros compromisos con la Unión. El caso de la inmigración iberoamericana merecería un tratamiento más favorable por evidentes razones históricas y de proximidad cultural. Al tratarse de un asunto de Estado hubiera sido deseable el acuerdo entre el Gobierno y la oposición, que estuvo a punto de lograrse y que fue roto por el PSOE a última hora y por razones no suficientemente aclaradas. En cualquier caso, ahora sólo es posible aplicar la legislación que hoy entra en vigor.

La falta de previsión y el irresponsable recurso a la demagogia pueden convertir el problema en una amenaza para la estabilidad social. Es evidente que el flujo migratorio hacia nuestro país debe ser controlado dentro de los límites en los que nuestra sociedad puede absorberlo. La apertura de fronteras sería un disparate que, además, lejos de entrañar la solidaridad, terminaría por condenar a la mayoría de los inmigrantes a la exclusión y a condiciones de vida infrahumanas. De hecho, muchos de ellos caen en manos de mafias de traficantes desaprensivos. Por otra parte, equiparar a los que se encuentran en situación legal con los que entran clandestinamente entraña la violación del principio anterior. En definitiva, se trataría de una apertura espuria y velada de las fronteras. Naturalmente, los que entran ilegalmente poseen todos los derechos inherentes a la dignidad humana, pero entre ellos no se encuentra necesariamente el de residir indefinidamente en un país, cuyas leyes empiezan por violar. Otra cosa es que la imprevisión del Gobierno y también, no debe olvidarlo la oposición socialista, de Comunidades Autónomas como Andalucía, acerca de las dimensiones del problema esté llevando a muchos de los inmigrantes a situaciones terribles e inhumanas. Pero la solución no puede estar, como pretenden los demagogos irresponsables, en la concesión indiscriminada de permisos de residencia a todos los que triunfen en su trágica y desesperada empresa de entrar en España.

El Gobierno cifra en unos 200.000 el número de extranjeros en situación irregular en nuestro país. Pueden ser aún más. De acuerdo con los Estados de sus naciones de origen, el Ejecutivo procederá, en cumplimiento de la ley, a la devolución a sus países. El utopismo siempre genera demagogia. No basta con que algo sea en principio deseable para que sea sin más posible o para que no produzca males mayores que los que se aspira a evitar. La razón que le asistió al Gobierno al aprobar una reforma necesaria se puede empañar si no arbitra los medios materiales y legales para su cumplimiento.