La ley se cumple o se impone

Ya no es momento de preocuparse por los costes políticos de una u otra decisión frente al separatismo, porque el problema es, ahora mismo, la supervivencia misma del Estado constitucional español. Todos los poderes públicos tienen el doble mandato de cumplir y hacer cumplir la ley, según sus competencias. A ninguno, sea el Gobierno o el Tribunal Constitucional, le está permitido no respetar ese mandato. También el TC está vinculado a la ley que lo faculta para inhabilitar a todo funcionario o autoridad que incumpla sus decisiones. Un Estado que no hace cumplir la ley en su territorio deja de ser Estado . Las leyes, si no se cumplen, se imponen. Si el miércoles el Parlamento catalán aprueba la ley del referéndum, quedará claro que la estrategia del Gobierno de Rajoy de limitar la reacción a los tribunales es insuficiente. El Constitucional suspenderá esa ley, pero ya pasó lo mismo el 9-N y al final hubo urnas en las calles. Los jueces no siempre llegan a tiempo ni deben ser los que asuman la respuesta a un conflicto que los supera.

Que Cataluña no va a ser independiente es una certeza que asumen hasta los soberanistas más optimistas. Pero su objetivo es otro. Su objetivo es demostrar que el Estado se condena a sí mismo a convivir con una situación insurreccional en Cataluña, a la que no se atreve a poner fin drásticamente. El éxito nacionalista no está en lograr el propósito que persiguen –una independencia imposible–, sino en disponer impunemente de las competencias que está empleando para agredir a España día tras día.