La legitimidad del Estado, lo primero

Conviene evitar los eufemismos porque en el ideario colectivo está la utilización del artículo 155 de la Constitución para intervenir de facto diversas competencias de la Generalitat catalana. Dada la gravedad del desafío, no es momento de actuar con complejos, o criminalizando ese precepto constitucional, creado precisamente para sofocar este tipo de rebeldías sediciosas. Debe dejar de ser tabú debatir y apelar a la aplicación del artículo 155 como una opción realista, eficaz y tranquilizadora para una sociedad que no se puede permitir el lujo de que el secesionismo gane batallas –no ya jurídicas, porque es imposible– sino de imagen. Cualquier temor a alentar el victimismo de los separatistas con la aplicación de ese artículo debe decaer. Sería, como mucho, un daño colateral que nuestra enérgica democracia podría superar con madurez y con valentía. Lo relevante es poner fin por cualquier vía legal a este secuestro de nuestra democracia. Que Rajoy dejase la puerta abierta a esta iniciativa –drástica, pero tan constitucional como cualquier otra– no es anecdótico y revela el propósito del Gobierno de llegar hasta el final para impedir la ruptura de España. El Ejecutivo ya no puede actuar con ingenuidad, en la creencia de que los mandatos judiciales serán suficientes. Ojalá lo fueran, pero Puigdemont no está por obedecer, y la reacción del Estado debe ser demoledora.

Tampoco puede ser ingenuo el PSOE , que si bien está expresando su fiel apoyo al Gobierno, siempre termina apelando a un «diálogo» buenista y hoy imposible, porque la Generalitat está declarando una guerra jurídica al Estado. Sánchez escenificó ayer una genérica unidad de acción con Rajoy, pero a renglón seguido el PSOE registró su propuesta de una comisión parlamentaria para revisar el sistema autonómico. Ni era el día ni había motivo para semejante error. A Sánchez le siguen retratando sus maniqueísmos extemporáneos. Es el momento de una réplica dura del Estado contra quien lo pisotea sin miramientos, y no de filibusterismos parlamentarios.

El Pleno del TC admitió las impugnaciones del Gobierno contra las tropelías cometidas por el Parlamento catalán , y quedaron en suspenso. Y la Fiscalía General impulsó querellas contra los miembros rebeldes de la Mesa del Parlament y contra todos los integrantes del Gobierno catalán firmantes de la consulta, acusándoles de desobediencia, prevaricación y malversación. La consideración de este delito, castigado con pena de prisión, no es baladí y abre un escenario que debería preocupar a los separatistas, más allá de que se firmen órdenes para requisar urnas, papeletas y censos. A su vez, el Consejo de Estado avaló por unanimidad los recursos del Gobierno. Sin embargo, el aparato jurídico del Estado no ha dado el salto cualitativo de exigir la suspensión cautelar de todos los cargos públicos declarados de facto en sedición. De momento, el TC se niega a actuar de oficio al considerar prematura esa medida. Sin embargo, son miles los funcionarios y ciudadanos de Cataluña que se encuentran chantajeados, presionados e impelidos a incumplir la ley bajo amenazas. El amparo de nuestros tribunales debería ser inmediato frente a quienes pretenden obligar a los ciudadanos a abrir ilícitamente colegios, colocar urnas de modo fraudulento y presidir falsas mesas electorales. España vive bajo el peligro real de perder su legitimidad constitucional. Es la soberanía nacional lo que está en juego, y los sediciosos deben ser apartados del tablero sin miramientos. Con la ley, sin cálculos políticos y con la vista puesta en que España no puede renunciar a ser un Estado de Derecho.