Justicia para jueces

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EL Consejo General del Poder Judicial ha recibido del Tribunal Supremo más un aviso que un varapalo sobre la forma en que debe atender las denuncias sobre posibles actos ilícitos cometidos por los jueces y, en definitiva, el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales. Este es el sentido de la sentencia que obliga al CGPJ a reabrir el expediente por una denuncia por los ingresos recibidos por el juez Garzón con motivo de diversas conferencias impartidas en Estados Unidos. La decisión de archivo fue tomada por el anterior Consejo, pero la lección incumbe al actual, presidido por Carlos Dívar. Por otro lado, el CGPJ ya está investigando esos mismos hechos en virtud de un auto de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, pero esta nueva resolución de su Sala Tercera podría tener consecuencias en el cómputo de la prescripción de la posible falta disciplinaria cometida por el juez Garzón.

Al margen de las motivaciones que animen a los denunciantes, el alto Tribunal establece una doctrina muy sencilla: lo que importa no es el mensajero ni la fuente de información que éste tenga, sino la noticia de una posible irregularidad cometida por un juez. El CGPJ despachó el asunto en febrero de 2008 sin practicar ninguna diligencia de averiguación. Esta no es manera de ejercer correctamente el autogobierno de los jueces, velar por la integridad de la justicia y atender las quejas ciudadanas. Luego, los resultados se ven en la opinión pública sobre la justicia.

La sentencia del Supremo es una ocasión para que el Consejo General corrija estos errores, demostrando que los jueces están sometidos a la ley como los demás ciudadanos, y que entre ellos no hay castas. En el mes de abril, el CGPJ sancionó con una multa de 3.000 euros a una juez de Cantabria que había manifestado duras críticas, muy extendidas entre los jueces que la aplican, a la ley integral contra la violencia de género. En los últimos días diversos jueces -entre ellos Garzón- han suscrito manifiestos contra la reforma de la justicia universal, tomando partido en contra de una posible futura norma y, en todo caso, de un legítimo acuerdo político y legislativo de los principales partidos. No consta que el CGPJ haya incoado diligencias por estas críticas de jueces en activo -algunos de ellos con competencia directa en la materia que va a ser reformada- a una iniciativa política de PP y PSOE.

La polémica sobre la sentencia de la Sala Tercera del Supremo o de la admisión por su Sala Segunda de una querella contra Garzón está azuzada, además, por una inverosímil maquinación conspirativa que aspiraría a la impunidad de los crímenes franquistas y de los genocidios que se han perpetrado en el mundo. Este es precisamente el efecto perverso que ha provocado la complacencia con los excesos jurisdiccionales cometidos por Garzón, quien ha sabido rodearse de una red de apoyos sociales y políticos que ahora lo envuelven contra una mera investigación preliminar por una presunta irregularidad administrativa. El CGPJ va a tener que superar esta presión y resolver el «caso Garzón» en el sentido que considere ajustado a la ley, pero con independencia de criterio y sin ceder a los chantajes morales que le están planteando los entusiastas de este juez.