Justicia mundial

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Quizá haya que remontarse hasta el juicio de Nuremberg para encontrar un proceso tan relevante desde la perspectiva de la Justicia internacional como el que ayer se abrió contra Milósevic. Por primera vez en la historia, un ex jefe de Estado se sienta en el banquillo de un tribunal internacional, acusado de crímenes de guerra y genocidio. El ex presidente yugoslavo es juzgado ante un tribunal internacional especial para los crímenes de guerra cometidos en la extinta Yugoslavia, bajo los auspicios de la ONU. Los testimonios acumulados contra el tirano son abrumadores e ilustran sobre las consecuencias criminales del nacionalismo fanático radical.

El juicio que se abrió ayer es decisivo para el futuro del Tribunal Penal Internacional. Al menos desde el final de la segunda guerra mundial, y como consecuencia de los horrores provocados por el nazismo y el estalinismo, se abrió paso en el seno de la comunidad internacional la convicción de la necesidad de crear una Justicia internacional, con el fin de contribuir a la causa de la paz y, sobre todo,para juzgar los llamados crímenes contra la Humanidad. Esta convicción se sustenta en la evidencia de que ni los límites territoriales de los Estados pueden entrañar un ámbito de impunidad para los actos delictivos cometidos por sus gobiernos, ni la guerra convierte en lícitos todos los medios de lucha. Esta Justicia, por su propia naturaleza, rebasa los límites de los Estados y exige la constitución de una jurisdicción supranacional. Contra esta iniciativa se alzan los intereses de muchos gobernantes, que no de las poblaciones que gobiernan, especialmente los de quienes practican la violación de los derechos humanos. Pero no es este el único obstáculo. Algunos Estados se resisten a aceptar su constitución si no se dan ciertas garantías, especialmente en cuanto a su constitución y funcionamiento. Por si esto fuera poco, habría que añadir que el Derecho no surge de la nada ni de un puro acto de voluntad, sino que requiere la existencia previa de convicciones jurídicas compartidas. Sin ellas, es pura fuerza o pura retórica. La comunidad internacional ha avanzado en las últimas décadas en el camino hacia el consenso sobre estos principios fundamentales. Sin embargo, sería ingenuo pensar que se trate de un camino sin obstáculos y dificultades. A las soberanías estatales les cuesta trabajo someterse a normas y principios de naturaleza superior. Por eso, hasta llegar a la constitución de un Tribunal Penal internacional habrá que vencer resistencias y estrategias de entorpecimiento. El proceso de la comunidad internacional contra Milósevic puede ser un hito decisivo en ese ineludible camino.