Justicia globalizada

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En julio de 1998, la comunidad internacional decidió dar un paso fundamental para su vertebración ética y jurídica y aprobó el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Entonces, 120 países votaron a favor de un Tribunal Internacional permanente para el enjuiciamiento de genocidios, crímenes de guerra y de lesa humanidad. Sin embargo, la entrada en vigor de esta Corte quedó aplazada hasta que el Estatuto de la CPI fuera ratificado por un mínimo de 60 Estados. España está entre ellos. En teoría, el Tribunal podría empezar a funcionar el 1 de julio, pero la selección de jueces y la dotación de medios retrasarán el inicio de sus actividades hasta finales de 2003. Si para entonces países como EE.UU., China o Rusia siguen sin ratificar el Estatuto, difícilmente podrá hablarse de una justicia universal, en todo caso de una justicia multilateral, lo que en absoluto satisface la aspiración expresada en 1998.

Históricamente, el Estatuto significa la superación de una justicia mundial administrada por órganos excepcionales, creados después de la comisión de los hechos que debían juzgar -como Nüremberg o Ruanda- y muy condicionados por los equilibrios del poder internacional y el desenlace de los conflictos. La CPI no debe ser el Tribunal de los vencedores contra los derrotados, sino sólo el de la comunidad internacional contra los criminales de cualquier bando. Quizá esta visión sea utópica, pero si no se convierte en el objetivo real de la CPI, esta primera gran institución de la justicia mundial fracasará. En un periodo histórico marcado por la globalización de las relaciones internacionales y por la lucha contra el terrorismo, la CPI ha de ser una apuesta por la moralización de los comportamientos de los Estados. La eficacia de la Corte no dependerá tanto del número de juicios que celebre como de la disuasión que provoque en los futuros genocidas, quienes deberían verse retratados en la imagen de un Milósevic altanero, pero sentado en un banquillo.

La CPI es una gran empresa en la que algunos Estados participan para lavar su imagen, pero otros muchos porque creen que es posible ir configurando la comunidad internacional como un macroestado de Derecho, que castigue las más graves agresiones contra los valores mínimos de la convivencia. Que EE.UU. se muestre hostil a esta iniciativa resulta una incongruencia con su deseo de aglutinar a las demás naciones en torno a un orden internacional libre de terrorismo. Esto y la instauración de una jurisdicción universal son procesos convergentes para alcanzar un mismo objetivo de seguridad y libertad, imposible si no se apoya en la justicia y los derechos del hombre.