La Junta contra la Ley

LA gestión de la Junta de Andalucía en materia de gestión pública resulta manifiestamente mejorable desde el punto de vista de la eficiencia y de la legalidad. Como informaba ayer ABC, el Ejecutivo andaluz mantiene una red opaca de empresas que costó 5.300 millones ... en 2008. Durante la larga etapa de Manuel Chaves, Andalucía ha tejido una especie de administración paralela con 54 empresas a través de un entramado que escapa al control del Parlamento y realiza contratos de personal a «dedo» sin seguir las normas administrativas. Este saco sin fondo al servicio de los intereses partidistas deja sin competencias a las Consejerías y a los numerosos funcionarios que prestan servicios a la Comunidad autónoma. Por ello, hay serios reparos a la gestión de la Junta desde la perspectiva del Estado de Derecho. En efecto, una reciente resolución del TSJ rechaza rotundamente ciertas actuaciones, a las que reprocha una «huida» del Derecho Administrativo. El órgano jurisdiccional afirma con toda razón que cuando se dispone de funcionarios competentes para realizar una determinada tarea es inaceptable en términos jurídicos acudir a la fórmula de encomienda de gestión o a cualquier otra que suponga la atribución a empresas mercantiles de las potestades que corresponden al poder público.