El juez destructor del Estado democrático

Allan Brewer Carías, eminente jurista venezolano, que el pasado mes de noviembre recibió un homenaje internacional en Madrid, publicó en 2018 un libro fundamental e imprescindible para la comprensión de cómo opera el modelo: «La justicia constitucional, la demolición del Estado democrático en Venezuela, en nombre de un “nuevo constitucionalismo” y una tesis “secreta” de doctorado en la Universidad de Zaragoza».

La tesis «secreta» a la que se refiere Brewer Carías, merecería un artículo entero y específico dedicado al caso, que intentara dar cuenta de todos los extraños asuntos que concurren en ella. Aunque no es el propósito de este artículo, adelantaré algunos de sus posibles titulares: Uno: la tesis «secreta» es de Gladys Gutiérrez Alvarado, miembro de la Sala Constitucional del ilegítimo e ilegal Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Dos: la habría realizado (?), de forma simultánea a las tareas de demolición del Estado de Derecho, en las que ha participado. Tres: entre los jurados de la tesis, Juan Carlos Monedero. No creo que sea necesario agregar una sola palabra al respecto. Cuatro: con argumentos infundados y falsos, la tesis es «secreta»: viola el principio esencial del conocimiento, que consiste en ser compartido en beneficio de su posible utilidad académica.

El núcleo de este «Nuevo paradigma constitucional» supone la negación del Estado de Derecho. Consiste en instaurar un estado de cosas, donde el sistema judicial se convierte en un instrumento del poder político. En un instrumento de sometimiento de la sociedad, de forma particular, de quienes disienten. El «Nuevo paradigma constitucional» convierte a los adversarios en enemigos a los que perseguir, apresar, torturar y matar. Un resultado inequívoco del «Nuevo paradigma constitucional» es la impunidad: lanzan a un detenido desde un octavo piso y no hay consecuencias.

Su catálogo de prácticas y usos retóricos es muy amplio: relativizar los hechos; demonizar el derecho: llamarlo «derecho liberal»; tomar decisiones para legitimar las acciones ilegales del poder; introducir, de forma sistemática, perturbaciones o vocablos ajenos al derecho, para deformar sus contenidos; invocar supuestos paradigmas, como la voz del pueblo, el interés supremo de la humanidad, el bien colectivo como superior e indiscutible sobre el bien individual. Uno de sus recursos más falaces, es el que consiste en violar la ley como exigencia del pueblo o de la mayoría.

El procedimiento utilizado en Venezuela puede resultar revelador, también a lectores de otros países: se crearon situaciones de excepcionalidad legal, que le permitieron al régimen violar la Constitución y las leyes, pervertir el funcionamiento de las instituciones, y, quizás uno de los elementos más importantes, sustituir a los jueces de carrera por jueces provisionales, personas sin las suficientes credenciales profesionales y académicas, militantes o simpatizantes de los partidos del poder, que no tomaron decisiones fundadas en el corpus legal vigente, sino que recibían órdenes de los comisarios políticos encargados de tales funciones. En una frase: crear un nuevo estado de cosas, ajeno a la legalidad, que facilite alcanzar objetivos políticos, al costo que sea.

En dos décadas se destruyó el sistema de controles de los poderes públicos. Se liquidaron los fundamentos de la democracia representativa. Se debilitaron o desconocieron derechos fundamentales como la propiedad privada, el trabajo, la libertad de expresión, de pensamiento y opinión. Se estatizaron ámbitos y funciones que pertenecían al conjunto de la sociedad. Se crearon mecanismos que destruyeron el Estado social, para imponer prácticas como subsidios, regalos y otros beneficios, con el objetivo de implantar un vasto sistema social de dependencias.

Decisiones medulares, fueron despojadas de sustentabilidad jurídica, para que las mismas pasaran al control de políticos. Fueron demolidos: el principio democrático de la representatividad; el de representación proporcional; fueron inhabilitados centenares de políticos y funcionarios elegidos por el voto, sin justificación alguna; se revocó el mandato popular; se arrebató el derecho a ejercer funciones; jueces usurparon funciones del Poder Legislativo; se negó el principio de participación a los ciudadanos; se impidió la realización de procesos electorales pautados en la ley; se han destruido derechos políticos; se confiscaron los derechos de autonomía de los partidos políticos; se prohibió el financiamiento de los partidos políticos; se impidió a partidos políticos participar en procesos electorales; se secuestró el derecho a manifestar; se violó la Constitución al permitir y estimular el proselitismo político en el seno de la fuerza armada; se impuso un gobierno (el de Maduro, tras la muerte de Chávez), violando abiertamente la Constitución; se nombró un presidente que no se había elegido con votos; se denegó el derecho de las víctimas de varios fraudes electorales; se secuestró el Poder Electoral para impedir la realización de elecciones libres y transparentes; se instauró una Asamblea Nacional Constituyente, que es ilegal, ilegítima, fraudulenta y usurpadora.

De todo esto y más, trata el Nuevo Paradigma Constitucional que promueven los comunistas, cuyos primeros pasos ya se escuchan en España.

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Miguel Henrique Otero es periodista